Marta Alicia RIVAS, Deisy RIVAS y Jaime SÁNCHEZ

Movilizacion mineria El Salvador

Movilizaciones contra la minería en El Salvador. Foto: ADES

Movilizaciones mineria El Salvador

Movilizaciones contra la minería en El Salvador. Foto: ADES

 

Con apenas 20.000 kilómetros cuadrados y un alto nivel de vulnerabilidad socioambiental, El Salvador se ha convertido en los últimos años en un territorio codiciado por empresas mineras, pero difícil de poseer.


En un pueblo organizadamente articulado, que se moviliza y hace sentir, no tienen impacto los chantajes, amenazas y asesinatos, las demandas millonarias, el marketing y la división social, ni otras argucias de las empresas. La población responde desde estrategias de resistencia pacíficas, en las que las expresiones artísticas desempeñan un papel clave, busca parar estos proyectos de muerte que las corporaciones mineras, cegadas por el brillo del oro y la plata, pretenden implementar, sin importarles la vida de miles de hombres y mujeres que habitan a lo largo de la cuenca del río Lempa, uno de los tesoros más importantes de la patria salvadoreña.

ÉRASE UNA VEZ UNA TIERRA CON ORO, ÉRASE UNA VEZ UN PUEBLO VALIENTE

Han pasado más de diez años desde el surgimiento de la resistencia antiminera en el departamento de Cabañas, El Salvador, una fuerza que ha logrado parar a las corporaciones mineras que desde los años noventa iniciaron su fase exploratoria en el municipio de San Isidro, al norte de Cabañas, con la mina El Dorado.

Vidalina Morales, presidenta de la Asociación de Desarrollo Económico Social de Santa Marta (ADES) una de las principales organizaciones en defensa del territorio y la vida, explica que la lucha inició incentivada por las comunidades afectadas. «Una tarde nos visitó un grupo de campesinas y campesinos preocupados por la ejecución del proyecto minero, nos contaron que habían acudido a la iglesia y a instituciones gubernamentales pero nadie les había escuchado; “vamos a ver si ustedes realmente apoyan a las comunidades”, manifestaron».

El proyecto El Dorado, ubicado en el municipio de San Isidro, sería según los planes de la empresa una mina subterránea y, como la mayoría de proyectos de exploración y posible explotación minera en El Salvador, está ubicado dentro de la cuenca del río Lempa, el cuerpo hídrico más importante del país y, en la zona norte, catalogada como una de las regiones más pobres.

En principio, El Dorado estaba bajo la propiedad de Pacific Rim El Salvador (PRES), propiedad total de Pacific Rim Mining Corporation, empresa canadiense; posteriormente, el proyecto fue adquirido por Oceana Gold, de origen y capital australiano.

Tras desarrollar avances en la exploración y presentar débiles estudios de impacto ambiental que no daban respuesta a preguntas básicas como cuánta agua hay disponible en el sitio de explotación y cuáles serían los impactos a largo plazo en los recursos de agua subterránea, el Estado impidió a la empresa continuar con el proyecto, negándole el permiso de explotación.

Ante esta decisión, la empresa minera interpuso una demanda contra el Estado salvadoreño por 301 millones de dólares ante el CIADI, situación que agudizó aún más la fuerte resistencia social y ciudadana. El escenario se volvió adverso para PRES, que se vio obligada a vender sus acciones y a transformarse finalmente en una serie de estructuras territoriales (Fundación El Dorado y Minerales Torogoz S. A. de C. V.) que trataron de vender la minería como la solución a los problemas de Cabañas y de El Salvador.

Y LA TIERRA SE MANCHÓ DE SANGRE... DE AQUEL VALIENTE PUEBLO

Después de diversas acciones de concienciación, sensibilización y movilización social en comunidades de Cabañas, y tras lograr un apropiamiento colectivo en defensa de los bienes comunes de la naturaleza en el ámbito comunitario, departamental y nacional, el escenario se complicó paulatinamente y la empresa respondió con amenazas y mediante la división, el chantaje y la compra de voluntades políticas como principales estrategias para lograr sus objetivos.

Los órganos de Gobierno y otras estructuras privadas de Cabañas se aliaron con la empresa minera y dieron la espalda a la población y a las organizaciones que luchaban contra las industrias extractivas. Este escenario llevó a que organizaciones como ADES Santa Marta y la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES) junto con otras organizaciones formaran en 2005 la Mesa Nacional Frente a La Minería Metálica (MNFMM), estructura que se ha fortalecido y que aglutina actualmente a 12 organizaciones de diversas partes del país que defienden la vida desde un claro enfoque ambientalista.

  Los órganos de Gobierno y otras estructuras privadas de Cabañas se aliaron con la empresa minera y dieron la espalda a la población y a las organizaciones que luchaban contra las industrias extractivas.  
 

En la medida en que la lucha por el territorio se fortalecía y las comunidades exigían su derecho a un medio ambiente sano, diversos liderazgos plantaban oposición y acompañaban a la población en sus justas luchas. Sin embargo, también se exponían y se volvían vulnerables a los ataques de la empresa minera que no se planteaba la opción de abandonar sus intereses de extracción del oro y la plata de las tierras de El Dorado.

Quienes avanzaron, se convirtieron por ello y por la incapacidad de las autoridades en brindar medidas de protección en las primeras víctimas de un proceso que buena parte de la sociedad salvadoreña y entidades estatales veían a la distancia. Marcelo Rivera, Ramiro Sorto y Dora Sorto (con 8 meses de embarazo) enfrentaron un arrebato violento a sus vidas en 2009 por defender sus comunidades y con ellas la vida y la salud de las presentes y futuras generaciones.

La mancha de sangre sigue fresca y la población continúa exigiendo justicia ante la impunidad que se viste de funcionariado público y operadores de justicia en el país.

PERO LAS BATALLAS CONTRA LA MINERÍA SE GANAN EN UNIDAD

Si bien el dolor por la pérdida de hombres y mujeres de valentía comprobada y compromiso con la vida ha supuesto redefinir mecanismos de seguridad más adecuados para los liderazgos, jamás se ha puesto en entredicho el compromiso del movimiento ambientalista salvadoreño por avanzar en la defensa del territorio y por ende de la vida.

El trabajo de promoción y educación por medio de giras y campañas en el ámbito comunitario, nacional e internacional, participación en congresos, caminatas verdes, acompañamiento e incidencia para la aprobación de una ley que prohíba la minería metálica son muestras de la fuerza del movimiento social salvadoreño, fortalecida por la solidaridad internacional de pueblos amigos que estuvieron siempre acompañando las denuncias y exigencias. Esta fuerza es, además, una llamada constante a la búsqueda de la justicia social y jurídica y una derrota popular de la impunidad en El Salvador.

  La lucha por la defensa de la vida sigue imperando, personas y colectivos desde su quehacer diario aportan y reclaman respeto a la soberanía nacional.  
 

Una lucha que es justa y humana no puede más que dar triunfos y en octubre de 2016 la Fiscalía General de la República anunciaba que el CIADI había dictado sentencia en el caso de la demanda interpuesta por Oceana Gold-Pacific Rim. El Salvador había ganado y la empresa debía pagar al Estado 8 millones de dólares por los gastos incurridos; la justicia llegaba a cuenta gotas, pero llegaba, faltaba la ley definitiva, quedaba la continuidad de las luchas.

Unos meses después, el 29 de marzo de 2017, las comunidades explotaron de alegría. Con 69 votos, la asamblea legislativa había aprobado la Ley de Prohibición de Minería Metálica en El Salvador, convirtiéndolo así en el primer país en el mundo en prohibir una industria tan contaminante del medio ambiente. Con lágrimas en los ojos se celebró la victoria y se honró con vivas a hombres y mujeres que con el sacrificio de su vida nos habían marcado el camino.

La incertidumbre, sin embargo, persiste, porque la impunidad con sus sombras continúa generando temores. Las empresas siguen en acecho constante y esperando un escenario en el que un relevo en el gobierno implique cambios que les permitan explotar y saquear nuestros territorios. Sin embargo, la lucha por la defensa de la vida sigue imperando, personas y colectivos desde su quehacer diario aportan y reclaman respeto a la soberanía nacional. Esta claridad reafirma que, aunque las nubes de la impunidad y la injusticia se muestran constantemente, la población de Cabañas y El Salvador saben que un buen día, el sol saldrá y florecerá la primavera.


Marta Alicia Rivas
Deisy Rivas
Jaime Sánchez
ADES Santa Marta
Este artículo está apoyado por la ONGD Farmamundi, en el marco de su Programa de protección de defensores/as de derechos humanos en Guatemala y El Salvador financiado por la ACCD.

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