El tratado de libre comercio entre Europa y los Estados Unidos

Blanca RUIBAL y Tom KUCHARZ

Crece la oposición de organizaciones campesinas, sociales y ecologistas así como de sindicatos de varios países europeos y de EEUU a un peligroso tratado que generaría más desempleo y supondría un ataque sin precedentes a los derechos sociales y la democracia, privatizando aún más los servicios públicos, como la salud y el agua. Además las negociaciones tienen como objetivo bajar los salarios y eliminar los niveles de protección todavía existentes en amplias áreas, como en la salud pública, el medio ambiente y los derechos laborales.

Y desde luego, las negociaciones secretas del Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones entre EEUU y la UE, son una grave amenaza para la Soberanía Alimentaria, como veremos en este artículo.


¿Comeremos pollos clorados y más transgénicos?

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El Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones entre la Unión Europea y los Estados Unidos (TTIP, por sus siglas en inglés) es un ambicioso ajuste legislativo que se está negociando actualmente entre la Comisión Europea (en nombre de los Estados miembros de la Unión Europea) y el Gobierno de los Estados Unidos. Las normas que están preparando afectarían a muchos aspectos de nuestra vida cotidiana. Modificarían y condicionarían negativamente un gran porcentaje de leyes europeas, nacionales e incluso locales, avasallando los –ya de por sí muy maltratados- derechos humanos universales. Dicho tratado no tendría un carácter exclusivamente comercial, dado que los aranceles entre la UE y los EEUU ya son generalmente muy bajos (menos del 5%), sino que tiene que ver también y sobre todo con la desregulación, la "protección" de la inversión y fortalecer la impunidad con la que las empresas violan los derechos de las personas.

Los poderes políticos y económicos hegemónicos pretenden eliminar "obstáculos burocráticos innecesarios" para facilitar el acceso a los mercados a las grandes corporaciones de ambas orillas del Atlántico y para ayudar al gran capital a incrementar sus beneficios económicos. Se trataría de adaptar los estándares laborales, ambientales y de salud de las personas a las necesidades corporativas.

El análisis de los movimientos sociales sobre las negociaciones del tratado transatlántico sugiere que el TTIP constituye una amenaza para muchos de los derechos adquiridos mediante largas luchas sociales y democráticas, y que todavía no han sido arrasados por el golpe de estado financiero, las políticas de recortes del PP y PSOE y de la troika (Comisión Europea, Banco Central Europeo, Fondo Monetario Internacional).

Las negociaciones están teniendo lugar a puerta cerrada, a espaldas de las mayorías sociales de la población. Ni los parlamentos nacionales o el Parlamento Europeo, ni siquiera los gobiernos de los Estados miembros de la UE (como hemos sabido a raíz de las recientes quejas de los gobiernos de Alemania y el Reino Unido) están informados de los detalles de los textos de negociación de la Comisión Europea, pero los escasos datos que se han publicado –o filtrado– nos generan una gran preocupación.

Con una estrategia de comunicación muy elaborada, las instituciones de la UE, la Casa Blanca y el gran capital, venden el TTIP como un acuerdo que "creará millones de empleos y crecimiento". Sin embargo según el estudio de la Fundación Austriaca de Investigación para el Desarrollo (OFSE) para evaluar los supuestos beneficios económicos del TTIP, las ganancias económicas serán limitadas mientras alberga considerables riesgos sociales. Los sectores sociales más afectados en la implementación de este acuerdo serían aquellos que se verían en desventaja frente a la competición estadounidense, entre ellos el sector agrario europeo, aún conformado por numerosas fincas familiares de pequeño tamaño.

REBAJAR LOS ESTÁNDARES DE LA ALIMENTACIÓN

La "coherencia reguladora", también llamada "reconocimiento mutuo", es la clave de este tratado. Estos términos aparentemente neutrales, esconden consecuencias nefastas para la soberanía alimentaria. Los negociadores del TTIP de ambos lados del atlántico pretenden que las numerosas normas que regulan la agricultura y la alimentación sean coherentes, es decir, iguales, o al menos equivalentes en Estados Unidos y en la Unión Europea. Quieren que se reconozcan mutuamente, de manera que si Estados Unidos da por bueno un producto o tecnología, automáticamente la Unión Europea lo considere igual. Desde el comienzo de las negociaciones del tratado trasatlántico se ha identificado este afán por la coherencia de las normas como una grave amenaza para la soberanía alimentaria, veremos porqué.

La producción industrial de alimentos está regulada por numerosas normas y controles higiénicos y sanitarios para evitar la aparición y proliferación de enfermedades o contaminación. Solemos considerar esta serie de normas excesivamente gravosas o directamente innecesarias cuando se trata de agricultura o ganadería campesina, a pequeña escala, en procesos controlados por pocas manos. Sin embargo, esas normas son imprescindibles para que la producción industrial de alimentos ofrezca unas mínimas garantías de sanidad e higiene, ya que es en la producción intensiva, con sus animales hacinados y sus monocultivos repetitivos donde se dan la mayoría de las alertas sanitarias.

La manera en que en la Unión Europea se regula la producción de alimentos es muy diferente de cómo lo hacen en Estados Unidos. Hay una diferencia radical de enfoque, mientras en la UE la seguridad alimentaria se practica "de la finca al plato" es decir, en todas las fases de la producción, en Estados Unidos solo se revisa el producto final. En la Unión Europea se aplica el principio de precaución, según el cual que existan dudas acerca de los efectos en la salud o el medio ambiente es suficiente para que las autoridades restrinjan o prohíban el uso de un producto o tecnología; de este modo son las empresas las que tienen la obligación de demostrar que un producto es inocuo antes de ponerlo en el mercado y empezar su negocio. En Estados Unidos, justo al contrario, son presuntamente inocentes todas las empresas y los productos o sustancias que comercializan. La carga de la prueba cae sobre el gobierno, que está obligado a demostrar el daño sobre la salud o el medio ambiente para poder prohibir o restringir el uso de un producto.

La diferencia de enfoque no es banal, influye directamente en lo que podemos encontrar en la tienda o supermercado y en lo que dicen (o no dicen) las etiquetas de los alimentos. Las normas sanitarias y fitosanitarias europeas están lejos de ser perfectas y frecuentemente denunciamos la falta de garantías o información para las personas consumidoras, por ejemplo, en materia de transgénicos, presencia de agrotóxicos o el origen de los alimentos. Sin embargo estas normas son consideradas excesivas por la gran industria de la agricultura y la alimentación, denuncian que "distorsionan el mercado", son "barreras para el comercio" y, en resumen, limitan el acceso de las empresas estadounidenses al codiciado mercado europeo. Los poderosos lobbies de la agroindustria llevan meses trabajando en sus demandas para los negociadores; el listado de normas y regulaciones que quisieran flexibilizar es muy largo. En el cuadro adjunto explicamos algunas de ellas.

¿Comeremos pollos clorados y más transgénicos?

   A la hora de ofrecer algunos ejemplos de las consecuencias que supondría 'igualar normativas' es inevitable empezar por los cultivos y alimentos transgénicos, ya que han sido los protagonistas de las difusas declaraciones en torno a las negociaciones del tratado desde que empezaron. En la UE solo está permitido el cultivo de un transgénico (el maíz MON 810 propiedad de Monsanto), aunque están presentes en la cadena alimentaria más de 60 transgénicos, que no se cultivan, pero se importan en grandes cantidades. En Estados Unidos se cultivan más de 150 transgénicos diferentes incluyendo soja, maíz, colza, algodón o caña de azúcar. La falta de regulación de los transgénicos en Estados Unidos, que ni siquiera tienen que ser evaluados antes de su comercialización, se debe a que hace casi tres décadas se asumió el principio de "equivalencia sustancial” entre las variedades transgénicas y convencionales. Esta afirmación, sin base científica, pretenden que sea asumida en la UE y que la ciudadanía se la trague, en sentido literal, en forma de más transgénicos en nuestros campos y nuestros platos. El etiquetado de los alimentos transgénicos en la UE trae de cabeza a la industria biotecnológica, que presiona para que se suprima y que se elaboren, en todo caso, programas de etiquetado de productos "no transgénicos". Mientras, muchas organizaciones y personas peleamos en Europa para tener un etiquetado más transparente y que en la carne, la leche o los huevos se haga saber si proceden de animales alimentados con transgénicos, ya que hoy por hoy la principal vía de entrada de transgénicos en la cadena alimentaria es precisamente a través de los piensos.

   El uso de hormonas y promotores de crecimiento en el ganado es también una clásica disputa comercial. En la Unión Europea está prohibido su uso y también la importación de productos animales tratados con estos productos, pero en Estados Unidos es una práctica habitual. A las vacas se les proporciona hormonas para que aumenten su producción de leche y al ganado vacuno y porcino se le suministra una hormona en concreto, la ractopamina, para impulsar el crecimiento en la última fase del engorde. La ractopamina está prohibida no solo en la UE si no también en China, Tailandia y otros países por sus efectos en la salud. Además del efecto directo de provocar en humanos, al igual que en animales, la constricción de vasos sanguíneos y taquicardia, la presencia de esta sustancia en la cadena alimentaria disminuye la eficacia de medicamentos contra el asma.

  La gran industria cárnica de Estados Unidos quiere también que la Unión Europea retire sus restricciones para la importación de pollo tratado con cloro: sumergir a los pollos en cloro al final del proceso de producción permite disimular cualquier contaminación que hayan sufrido y por ello no está autorizado en la UE. Con el uso de estas sustancias se refuerza un modelo agrario orientado al beneficio de las empresas en vez de a la producción de alimentos sanos para la población.

   El TTIP podría también acelerar la autorización y establecer normas globales para otra serie de productos de dudosa seguridad y aún no regulados, como la carne clonada, los animales transgénicos, o el uso de nanotecnología en la alimentación.

 

UN NUEVO ATAQUE A LAS AGRICULTURAS CAMPESINAS

Además de las considerables rebajas que estas reformas supondrían para nuestros estándares ambientales y de salud, la llegada de estos productos, procedentes de los grandes negocios agrícolas y ganaderos del otro lado del charco, supondría una competencia atroz para la agricultura europea, con una dimensión mucho menor y que difícilmente podría competir. Los campesinos y campesinas, las pequeñas explotaciones familiares tanto europeas como estadounidenses, se verán en serias dificultades para subsistir en estas condiciones.

Los avances hacia la Soberanía Alimentaria en Europa y en Estados Unidos también están en discusión en estas negociaciones, como los programas de compra pública local de alimentos. Hay numerosas experiencias que demuestran que la inversión de dinero público en abastecer de alimentos locales las escuelas, cárceles u hospitales tiene unos beneficios muy valiosos para la comunidad, dinamizando la economía, proporcionando nuevas formas de comercialización a las y los agricultores y evitando a su vez los impactos ambientales del desenfrenado e irracional transporte de alimentos. Las ventajas que vemos desde lo local son consideradas “competencia desleal” a nivel global, los grandes negocios de ambos lados del Atlántico aspiran a poder participar sin cortapisas en el gran negocio de la compra pública.

Cada vez hay más noticias y voces que alarman de la homogeneización de la dieta y los peligros que supone para la salud, la biodiversidad y la resiliencia de nuestros sistemas agrarios. El TTIP se presenta como un paso más en este proceso dirigido por las grandes empresas alimentarias y que conduce a que todos los habitantes del planeta coman lo mismo, aquello que genera los mayores beneficios a la industria, independientemente de su clima, de sus gustos, de su cultura y gastronomía. Están diseñando, a puerta cerrada, un futuro gris y uniforme para el campo, negocian que el medio rural se convierta en una gran industria de producción de materias primas, sin personas, sin pueblos vivos, sin biodiversidad.

ACTUEMOS

Pese al secretismo y la celeridad de las negociaciones, amplios sectores de la sociedad ya han reaccionado creando alianzas entre diferentes movimientos de EEUU y Europa. Organizaciones de consumidores, grupos ecologistas y feministas, organizaciones campesinas, sindicatos y diferentes asociaciones de derechos humanos, la cultura libre o el comercio justo llevan ya un año movilizándose para confrontar lo que consideran una vuelta de tuerca en el aumento del poder de las grandes empresas.

En el Estado español diversas organizaciones han puesto en marcha la campaña “No al Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones” (#NoalTTIP) demandando la suspensión inmediata de las negociaciones del TTIP.

Invitamos a la gente a que difunda la información en su pueblo, en su barrio, en los colectivos en que participe para que crezca la masa crítica y podamos hacer ver a los decisores y negociadores que no queremos su tratado.

El movimiento por la Soberanía Alimentaria se encuentra ante un momento crucial para defender sus logros y reclamar una vez más la agricultura y la alimentación que queremos. No vamos a dejar que negocien con nuestro futuro, y diremos alto y claro que este tratado no nos lo tragamos.

Tom Kucharz y Blanca Ruibal
Ecologistas en Acción y Amigos de la Tierra

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