María SANZ

 

Para llegar a Barcelona, Phiri ha tenido que sortear la vigilancia en su país, Malaui, y diversos interrogatorios en aeropuertos de diferentes países, siempre bajo la amenaza de prohibirle subir en el avión. Los resultados de las elecciones presidenciales del pasado 21 de mayo en Malaui no han sido aceptados por los diferentes candidatos y han lanzado a las calles a miles de manifestantes reunidos en torno a la Coalición de Defensores de Derechos Humanos. Esta coalición alega que los resultados de las elecciones fueron manipulados por la comisión electoral, incluso utilizando típex para corregir las actas electorales, por lo que solicitan que los comicios sean declarados nulos. Todo este proceso ha redoblado la presión sobre quienes defienden los derechos humanos en el país.

«La corrupción en África está a la orden del día», afirmó Phiri en su visita a Barcelona. La responsable de la comisión electoral de Malaui, Jane Ansah, ha sido acusada de mala gestión durante las elecciones. Ansah proclamó vencedor de los comicios a Peter Mutharika, presidente del país desde 2014, pero la Corte Suprema de Malaui ordenó un nuevo recuento de los votos, después de que la oposición denunciase irregularidades y pidiese la anulación de los comicios.

Durante las protestas, también ha habido división entre las fuerzas de seguridad, con la policía respaldando a los aliados políticos de Mutharika y el ejército aliándose con los manifestantes, lo que ha contribuido a elevar la tensión y la violencia en las principales ciudades. Entre el 27 y el 30 de agosto, los manifestantes organizaron un bloqueo de los aeropuertos y pasos fronterizos del país, lo que provocó que la Corte Suprema prohibiera las manifestaciones contra el gobierno durante 14 días.

«Vengo de un país en el que las instituciones son muy volátiles», afirma Phiri. Añade que la inestabilidad política afecta a su trabajo y al de las personas con las que trabaja, que actúan como defensoras de derechos humanos. «Algunas veces, la policía rodea nuestra oficina con personas armadas, vigila lo que hacemos, interviene nuestros teléfonos o revisa nuestros mensajes (…). Mi pasaporte siempre está bajo vigilancia y sé que siempre me están siguiendo», afirma el activista.

El pasado 21 de septiembre, la oficina en la que trabaja Phiri en Lilongüe (Malaui) fue atacada. Su compañero Billy Mayaya, portavoz de la Red Nacional por el Derecho a la Alimentación y una de las personas que lideran las protestas de la Coalición de Defensores de Derechos Humanos, sufrió cortes profundos en la cabeza y en el brazo y fue ingresado en el hospital. Según Phiri, el ataque fue provocado por «cuadros políticos, a la vista de la policía». El activista asegura que ninguno de los autores de ataques contra quienes defienden los derechos humanos en Malaui ha sido detenido hasta ahora. «Nuestro trabajo se está volviendo aún más peligroso», expresa Phiri.

INDEPENDENCIA POLÍTICA, DEPENDENCIA ALIMENTARIA

Phiri es abogado de la organización Commons for Ecojustice, que ha promovido una red de preservación de semillas campesinas (FASSNET) y que forma parte de la Alianza para la Soberanía Alimentaria en África (AFSA, por sus siglas en inglés, de la que forman parte también organizaciones como La Vía Campesina África o Friends of the Earth). Desde esta organización, que trabaja temas de biodiversidad, derecho a la tierra y justicia climática, Phiri defiende que la soberanía alimentaria es aún una asignatura pendiente en el continente.

«La mayor parte de los países africanos se declaran políticamente independientes. Hemos ganado la soberanía política, pero ninguno ha alcanzado la soberanía alimentaria. En Malaui, por ejemplo, todavía dependemos de otros países para alimentarnos. No tenemos control sobre lo que comemos, sobre lo que queremos cultivar: todo lo deciden las corporaciones. La tierra que se supone que nos pertenece está siendo arrebatada por ellas. Cuando hablamos de que África está bajo el asedio de las corporaciones nos referimos a que las multinacionales presionan a los gobiernos nacionales y a los procesos de toma de decisiones controlando cómo vivimos, aquello que comeremos o cómo vamos a enfrentar el mañana», expresa Phiri.

Retomando el ejemplo de Malaui, Phiri explica que, aunque el país alcanzó la independencia en 1964, nunca ha disfrutado de seguridad alimentaria y hoy es el cuarto país más pobre del mundo. «Desde el momento en que Malaui se declaró independiente ha estado recibiendo ayuda de los estados e instituciones donantes. Es uno de los países que más apoyo recibe en términos de subsidios para fortalecer la agricultura, como fertilizantes y otros químicos, pero a pesar de toda esta ayuda nada ha cambiado, el sustento continúa siendo el mismo.  La razón es que, cuando hablamos de seguridad alimentaria, estamos hablando de un asunto de ámbito doméstico, no a nivel global», afirma Phiri.

Explica que, en Malaui, la mayor parte de la población se alimenta de productos locales, como la yuca, que se cultivan y se consumen debido a factores culturales: hay frutos asociados a las mujeres, a los ritos iniciáticos, a los matrimonios... Pero los productos que llegan a través de la ayuda externa, como algunas variedades de maíz genéticamente modificadas, no responden a estas prácticas culturales.

«La forma en la que se estructuran estos paquetes de apoyo responde al estilo de vida occidental, pero no está cambiando en absoluto nuestras formas de vida. Cuando hablamos de soberanía alimentaria, estamos mirando hacia la forma en que vivimos nosotros: qué queremos cultivar, qué queremos comer y cómo podemos insertarnos en el proceso de toma de decisiones para ejercer nuestro derecho a vivir de una manera que nos define a nosotros como africanos y africanas.  La perspectiva sobre el hambre a nivel global debe cambiar: de hablar de seguridad alimentaria a hablar de soberanía, para empoderarnos», sintetiza Phiri.

Agrega que en muchos países africanos, gran parte de la población vive en condiciones de pobreza, el hambre está a la orden del día y la gente no puede arreglárselas con lo que gana.  «Si quieren apoyarnos, entonces es necesario que miren qué es lo que la gente consume y qué quiere cultivar; combinando estas prácticas locales con apoyo (internacional), el hambre se resolvería», asegura el activista.

Insiste, además, en que otro aspecto clave en el camino hacia la soberanía alimentaria de los países africanos es el acceso a la tierra. Explica que cada familia de Malaui tiene de promedio 0,4 hectáreas de tierra, mientras que una familia tiene por lo general alrededor de cinco miembros, lo que hace imposible que se les pueda alimentar con una extensión de terreno tan pequeña. «Sin tierra, no hay milagro posible. La gente en África está luchando por una tierra que se les ha arrebatado. Así que, aunque se les den un montón de fertilizantes, sin terreno no servirán de nada», resume.

SEMILLAS TRADICIONALES FRENTE A EXTRACTIVISMO

Según Phiri, la falta de libertad que enfrentan los países africanos para decidir sobre su propio sistema de alimentación se expresa a través de una ayuda extranjera que no está alineada con las prácticas culturales locales. En esta ausencia de soberanía influyen, sobre todo, los cambios en el uso del suelo que llevan a cabo las corporaciones para producir y exportar aquellos productos que se demandan en el mercado internacional.

«África está siendo modificada para satisfacer al mercado de los commodities, al comercio, a los beneficios, pero no para responder a nuestros intereses, a lo que nosotros comemos. En países como Malaui, la tierra más provechosa ha sido tomada por las corporaciones que llegan, desplazan a la gente, plantan cultivos comerciales como té o café y se llevan todo lo que se produce. Todo está bajo el sistema de las corporaciones y los dueños de la tierra ahora son perseguidos. El sistema de tenencia de la tierra hace que ahora trabajen en el campo como jornaleros, no como dueños de la tierra (…). Nuestros países están siendo utilizados como un mercado de commodities, con empresas que vienen, extraen beneficios, y se marchan, sin tener en cuenta nuestras formas de sustento», resume Phiri.

Frente a esta forma de explotación de los recursos de la tierra, FASSNET, el proyecto en el que trabaja Phiri, promueve la conservación de las semillas locales y no modificadas genéticamente.

«Normalmente utilizamos variedades de semillas locales y tradicionales, que se pueden usar en más de una temporada. En cambio, con las variedades mejoradas, necesitas emplear químicos y pesticidas. Los agricultores no los utilizarán porque no tienen el dinero para comprar los productos ni las semillas nuevas. Promover las semillas mejoradas y las transgénicas, que están completamente alejadas del sistema de cultivos que sostiene la vida de la gente, es simplemente promover más pobreza», remarca Phiri.

Las semillas tradicionales, sin embargo, están expuestas al riesgo de contaminarse con las semillas transgénicas a través de la polinización cruzada. Este proceso sucede cuando una planta procedente de una semilla tradicional es polinizada por otra de una variedad transgénica que se encuentra, por ejemplo, en un campo contiguo. Phiri advierte de que este riesgo está provocando una división en Malaui, donde se acaba de aprobar la comercialización de semillas de algodón transgénico y donde hay personas que no saben distinguir las semillas genéticamente modificadas de aquellas que no lo son.

Phiri asegura que no está en contra de que en su país se pase de la agricultura tradicional y de subsistencia a los cultivos comerciales, pero advierte de que no será posible hacerlo sin asegurar una formación adecuada para productores y productoras.

«No estamos diciendo que nuestros agricultores deban permanecer en la pobreza y con una agricultura de subsistencia. Pueden moverse hacia una agricultura comercial, pero es una transición: no se les puede imponer un modelo, debe haber algunos pasos graduales para asegurarse de que  pueden salir adelante. Tiene que haber formación, tienen que acceder a los conocimientos necesarios y a la tierra para cultivar», expresa el activista.

DIFERENTES PRIORIDADES, UN SOLO ESPACIO

Como miembro de AFSA, Phiri fue invitado a participar en una reunión de redes internacionales para preparar el FSMET, que tendrá lugar en 2020 en Barcelona. El abogado consideró que este espacio «es una muy buena plataforma para presentar los asuntos que están afectando a los países africanos».

«Hablamos de las economías transformadoras, hablamos de economías que están en diferentes niveles de desarrollo y que enfrentan desafíos completamente diferentes. En Europa se habla de los tratados de comercio internacional, pero en África no son temas prioritarios. Si queremos transformar las economías a nivel global, necesitamos trasladar la perspectiva africana, explicar a qué nos estamos enfrentando. Ahora estamos llevando al discurso global qué es exactamente lo que debe ser transformado en África en términos de empoderamiento económico, de luchas de emancipación global y estamos asegurándonos de que existe una rendición de cuentas de aquello que puede sostener a las economías africanas».

El activista dice que van a empezar a autoorganizarse algunas convergencias locales en África, con la esperanza de que el FSMET sea una plataforma para aprender cuáles son las estrategias para transformar las economías en lugares como América Latina o Europa del Este y «asegurarse de reclamar que nos devuelvan un mundo y unas sociedades libres».

María Sanz

Equipo Técnico del Fòrum Social Mundial de les Economies Transformadores (FSMET)

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