Josep Manel Busqueta Franco

 Las comunidades campesinas también se han autoorganizado para planificar su producción y crear sistemas de distribución autónomos, al margen del mercado. Foto: Pueblo a Pueblo

Venezuela ocupa el lugar de una periferia del centro: esos territorios que el poder colonial primero, y las multinacionales después, han utilizado para saquear sus recursos y explotar a su población. Históricamente fue el cacao el gran producto codiciado de Venezuela, hasta que, a principios del siglo xx, coincidiendo con el auge de la industria del automóvil, se descubrieron los primeros pozos de petróleo en la zona de Maracaibo. Desde ese momento, la explotación del oro negro por parte del capital internacional, sobre todo de los EE. UU., en connivencia con las élites nacionales, se convirtió en el modelo de desarrollo del país. La consecuencia de ello fue la consolidación de un país donde una pequeña élite se enriquecía a mansalva mientras la mayoría vivía en la pobreza. El sector primario, al margen del petróleo, y el sector secundario se convertían en irrelevantes para el desarrollo de un país donde la mayoría de la población se fue concentrando en la zona costera.

   Durante la década de los setenta del siglo pasado, Venezuela tenía una renta per cápita equivalente a la de un país como Italia y, en cambio, era el tercer país más desigual del mundo.   

Un par de datos: durante la década de los setenta del siglo pasado, Venezuela tenía una renta per cápita equivalente a la de un país como Italia y, en cambio, era el tercer país más desigual del mundo. Hasta la llegada de Chávez al poder, el 90 % de los productos que se consumían eran importados.

En 1989, el Caracazo —la primera gran revuelta contra los programas de ajuste neoliberal que, en este caso, pretendía imponer Carlos Andrés Pérez— se saldó con un baño de sangre que significó la activación definitiva de la revuelta del pueblo venezolano hasta cristalizar en la victoria de Chávez en 1998. Esta fue una muy mala noticia para los EE. UU., que vieron cómo el que hasta entonces había sido un gobierno vasallo se convertía en un gobierno con la voluntad de tomar la iniciativa sobre sus recursos. Era también una muy mala noticia para las élites nacionales. A partir de ese momento, la población que se encontraba en un estatus inferior al de sus mascotas tomaba el control de la riqueza nacional, aquella que las élites consideraban suya por naturaleza. Era una muy buena noticia para la mayoría de la población venezolana: por primera vez era reconocida como ciudadanía con capacidad de decidir en su propio país, con derecho a tener acceso a una parte de la renta petrolera, de la que siempre había estado excluida. Los cambios en Venezuela no se hicieron esperar. Durante los primeros años se consiguió avanzar en numerosos programas sociales, eliminar el analfabetismo en el país y dotar del estatus de ciudadanía a la mayoría de la población hasta ese momento excluida de la vida social y política.

La reacción ante la “desfachatez” que suponía que la gente pobre gobernara un país con una de las mayores reservas de petróleo del mundo no se hizo esperar. Desde el primer momento y hasta la actualidad, donde ya se cuentan más de veintisiete años desde la victoria de Chávez, han sido muchos los ataques que ha recibido la revolución bolivariana: el golpe de Estado de 2002, respaldado por los sectores empresariales nacionales e internacionales —conviene recordar que la banda presidencial del presidente golpista se confeccionó en una sastrería de Madrid—; el paro petrolero y el boicot productivo durante 2002‑2003, que hicieron célebre el lema popular de apoyo al gobierno: “Con hambre y sin empleo, con Chávez me resteo”; en 2004, el gobierno, en medio de fuertes tensiones y ataques paramilitares (operación Daktari), ganó un proceso revocatorio que consolidó a Chávez en el poder.

   Se consiguió avanzar en numerosos programas sociales, eliminar el analfabetismo en el país y dotar del estatus de ciudadanía a la mayoría de la población hasta ese momento excluida de la vida social y política.   

Desde 2010, Venezuela ha sido objeto de una estrategia de dominación basada en sabotajes, un nuevo golpe de Estado —el del autoproclamado en una plaza, J. Guaidó—, asfixia financiera (Venezuela tiene bloqueadas veintiuna toneladas de oro de su propiedad en el Banco de Inglaterra), intentos de asesinato con drones a su presidente y sanciones económicas que han estrangulado a su economía y a su población. El Centro para la Investigación de las Políticas Económicas (CEPR) contabiliza que las sanciones económicas han supuesto la muerte de más de 40 000 venezolanos desde el momento de su aplicación. A pesar de esta situación de acoso y derribo a la que el poder económico y político del capitalismo global ha sometido a Venezuela, este año 2026 el FMI pronostica un crecimiento para el país por encima del 5 %. En buena medida, esto se explica gracias a los acuerdos económicos y comerciales que Venezuela ha establecido con Rusia, China, Irán y el resto de países del entorno de los BRICS.

Foto: Pueblo a Pueblo

   Asistimos a una operación imperialista de manual, en el contexto de una pugna global entre las grandes potencias por el control de los territorios y los recursos que les deben otorgar la posibilidad de reproducirse en un futuro definido por la escasez y los límites ecológicos.   

El secuestro del presidente Maduro

Es en este contexto que el día 3 de enero nos despertamos con la alucinante noticia del secuestro del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores. Esta operación, que vulnera de forma flagrante el derecho internacional, fue ejecutada, en un primer momento, como una operación contra el narcoterrorismo. Pero pocas horas después, el mismo presidente de los EE. UU. aclaraba que el verdadero interés del golpe militar estaba motivado por la voluntad de controlar el petróleo de Venezuela y, sobre todo, impedir que este pudiera quedar bajo mando de Rusia y China. Además, en su deriva megalómana, extendía su amenaza a otros países como Colombia, México o incluso Groenlandia, perteneciente a Dinamarca, un país de la OTAN y de la UE.

Asistimos, pues, a una operación imperialista de manual, en el contexto de una pugna global entre las grandes potencias por el control de los territorios y los recursos que les deben otorgar la posibilidad de reproducirse en un futuro definido por la escasez y los límites ecológicos. Es un escenario que resuena fuertemente al de inicios del siglo xx, cuando los grandes países capitalistas en crisis también se disputaron el mundo. En ese momento surgió la discusión sobre si las grandes potencias llegarían a un consenso o, en cambio, su ambición las llevaría al conflicto. Esta era la postura defendida por Lenin y fue la que finalmente se impuso, llevando al mundo a dos guerras mundiales. El fantasma de la guerra global planea nuevamente sobre nuestras cabezas, con el agravante de que hoy las grandes potencias cuentan con arsenal nuclear.

Algunas notas sobre las propuestas desarrolladas por el gobierno bolivariano en materia de agricultura y soberanía alimentaria

Como ya se ha señalado anteriormente, Venezuela, como periferia del centro caracterizada por la exportación de crudo, consolidó una estructura productiva sin prácticamente presencia del sector primario. En Venezuela, el 5 % de la población controlaba el 75 % de la tierra. Desde el primer momento, el objetivo de la reforma agraria y la voluntad de incrementar el nivel productivo fueron dos ejes políticos centrales. En este sentido jugó un papel determinante la Ley de Tierras y del Desarrollo Agrario de 2001. Los objetivos de la ley se centraban en acabar con el latifundio, promover la justicia social y garantizar la seguridad agroalimentaria. A este objetivo también respondía la Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria, con el propósito de establecer el marco jurídico para garantizar el derecho a la alimentación, regular la producción nacional y proteger la producción local.

   En Venezuela, el 5 % de la población controlaba el 75 % de la tierra.   

Bajo este marco se inició una decidida política para intentar poner a producir las tierras ociosas. Para ello se ofrecía a los propietarios ayuda financiera y técnica para explotar las hectáreas que considerasen oportunas, planteando que el resto de su propiedad sería explotada bajo la dirección pública a través de distintos proyectos rurales comunitarios, públicos y cooperativos. Esto generó un fuerte conflicto, al ser considerada la propuesta como un ataque contra la propiedad privada.

Los alimentos y su abastecimiento siempre han sido un arma de guerra. En Venezuela, los boicots, el acaparamiento y los sabotajes se han usado para desestabilizar al gobierno. Los poderes más importantes a nivel agroindustrial, como sería el caso de La Polar —el conglomerado industrial privado más grande del país—, están en manos de empresarios contrarios al gobierno, al igual que las transnacionales dedicadas a la alimentación, como sería el caso de Parmalat, una de las líderes en el boicot al suministro de leche. Estas empresas se han dedicado sistemáticamente a vulnerar las políticas de control de precios y garantía de abastecimiento, sobre todo en los momentos de mayor tensión en el país, para provocar la caída del gobierno.

Para contrarrestar estos intentos, el gobierno ha tratado de desarrollar políticas públicas de abastecimiento. Cabe destacar la red de supermercados públicos Mercal, con el objetivo principal de distribuir alimentos básicos subsidiados a través de una red de establecimientos estatales y populares. También se deben destacar los CLAP (Comités Locales de Abastecimiento y Producción). Estos comités distribuyen cajas o bolsas de alimentos directamente a los hogares organizados a nivel comunitario. Asimismo, ha sido un objetivo del gobierno el fomento de la producción comunal y popular, tanto rural como urbana; para ello se han desarrollado numerosos programas de apoyo técnico y financiero.

Además del conjunto de políticas públicas, en relación al desarrollo de la soberanía alimentaria en Venezuela, han jugado un papel clave las propuestas desarrolladas de forma autogestionada a través de la red de comunas que conforman la Unión Comunera. Esta ha sido una modalidad genuinamente popular que ha permitido el avance del modelo socialista en Venezuela. Además, cabe destacar el Plan Pueblo a Pueblo, iniciado desde zonas rurales a partir de 2015 como una forma de vencer y superar las sanciones económicas. Este plan se basa en conectar de manera directa comunidades rurales productoras con consumidores urbanos. A través de este plan se ha conseguido suministrar alimentos frescos a más de 100.000 escolares mensualmente, además de distribuir, entre 2015 y 2020, más de 4 toneladas de alimentos directamente a los hogares.

   Según la FAO, en 2024 el 97 % de la demanda estaba cubierta por producción nacional, un gran cambio frente a la importación del 85 % de los alimentos hace una década.   

A pesar del permanente boicot y sabotaje nacional e internacional, de las sanciones y de los muchos errores y torpezas que merecerían una profunda revisión autocrítica, la efectividad de todas estas políticas ha sido destacable, sin perjuicio de afirmar que persisten muchos de los problemas en el modelo productivo. Según la FAO, en 2024 el 97 % de la demanda estaba cubierta por producción nacional, un gran cambio frente a la importación del 85 % de los alimentos hace una década. No obstante, en algunos productos clave como el maíz y el trigo la dependencia de las importaciones continúa siendo importante. Se considera que una de cada dos arepas se hace con maíz importado.

La estructura de la propiedad de la tierra continúa muy concentrada, a pesar de que más de dos millones de hectáreas han sido distribuidas entre más de 100 000 personas campesinas, no sin coste social y humano, pues la represión sobre los liderazgos campesinos ha sido notable desde la promulgación de la Ley de Tierras en 2001, contabilizándose más de 350 campesinos desaparecidos y asesinados.

El secuestro del presidente y la continuidad del gobierno bolivariano, en manos de la institucionalidad bolivariana representada por Delcy Rodríguez, aceptada por los EE. UU., ofrecen muchos interrogantes sobre la posibilidad de continuidad del proyecto bolivariano. Solo el tiempo y el desarrollo de los acontecimientos, tanto a escala internacional como a nivel interno —en los EE. UU. y en Venezuela—, nos ofrecerán las claves de su devenir. En esta ecuación no convendría menospreciar el papel que pueda tener el pueblo venezolano: una sociedad que desde hace más de tres décadas se siente protagonista del devenir de su destino y que difícilmente abdicará de esa tarea.