Helena Cardona Garriga

Artículo publicado originalmente en La Directa

 

Mina a cielo abierto de la empresa china Dongfang en Kasulo, a la República Democrática del Congo. Foto: Arxiu La Directa

La extracción de cobalto en la República Democrática del Congo para la fabricación de baterías genera graves vulneraciones de derechos humanos y contribuye a perpetuar el colonialismo en África.

La reciente guerra de Ucrania ha aumentado la preocupación por la dependencia del gas y del petróleo de Rusia. En un contexto de emergencia climática, tanto por la escalada del precio como por sus efectos en el medio ambiente, las potencias occidentales y el mundo capitalista en general necesitan buscar otros modelos energéticos. Por ejemplo, en el sector del transporte se apuesta por los vehículos eléctricos como alternativa a la contaminación que genera el motor de combustibles fósiles. Pero esta transición energética, como tantas otras, esconde una cara oscura.

El mes pasado, la revista Soberanía Alimentaría, Biodiversidad y Culturas (SABC), junto con la entidad Afrewatch, publicó un informe sobre el impacto de la transición energética en la República Democrática del Congo (RDC), donde la demanda de minerales para fabricar baterías recargables para dispositivos y coches eléctricos tiene una gran repercusión sobre la población que vive cerca de las minas de cobre y cobalto. En el informe se hace evidente una gran paradoja: la industria de las baterías recargables, que debería enfrentarse a la emergencia climática, es la responsable de grandes desastres contra el medio ambiente y graves vulneraciones de derechos humanos.

La destrucción del hábitat de los congoleños

En la RDC se encuentra el 80 % de las reservas mundiales de cobalto, el país produce un 70 % de la producción mundial de este mineral. Es un bien que debería enriquecer a todo el país; en cambio, solo beneficia a unas pocas empresas internacionales, como Glencore (Suiza), Sicomines (China) y Ivanhoe (Canadá). Esto se explica, en parte, por los acuerdos desiguales entre estas empresas y el gobierno congoleño, que se ve incapaz de garantizar que los beneficios del cobalto repercutan en la economía nacional y proteger a las comunidades locales.

La RDC se ha dotado de un marco legal que intenta atraer inversión extranjera protegiendo a las comunidades locales y el medio ambiente. Con el Código Minero del 2002 —la normativa que regula el sector en el país— numerosas empresas occidentales y chinas se instalaron en las minas más productivas gestionadas por Gécamines, la empresa estatal congoleña. Expulsaron a los mineros artesanales, que mostraron una sólida resistencia. En principio, el Código Minero obliga a la empresa minera a mejorar el bienestar de las comunidades afectadas por la minería y facilitar el acceso a energía, agua potable, salud y educación. También establece el derecho de las comunidades locales a ser informadas y consultadas sobre las actividades de la empresa minera y aboga por la cooperación entre la población y la empresa. Pero según el informe de la revista SABC, nada de esto se cumple.

Es el caso, por ejemplo, de Ruashi Mining, una alianza de empresas chinas con una pequeña participación del gobierno congoleño. Cuando el grupo se estableció, la población vio cómo le expropiaban las tierras sin ninguna compensación ante la indiferencia del gobierno. El pueblo se ha quejado y se ha manifestado al ver que el agua para sus cultivos estaba siendo contaminada por los efluentes de la planta industrial. Ante las protestas, Ruashi Mining contrató los servicios de empresas de seguridad privada para amenazar y asediar a las manifestantes.

   El comportamiento de las empresas que operan en la RDC no se aleja mucho del expolio del rey belga a finales del siglo xix.   

Por otro lado, las condiciones laborales de los mineros son dramáticas. Largas jornadas de trabajo por un sueldo muy bajo, sumado a los riesgos de salud que comporta trabajar en la extracción de materias primas. En las minas artesanales —más pequeñas, de difícil acceso y que no pertenecen a grandes multinacionales—, se calcula que la cifra de mineros ronda los 110.000, la mayoría hombres. Las mujeres también trabajan pero haciendo tareas con menos remuneración económica. El trabajo infantil es frecuente, unos 40.000 niños trabajan en el sector, según datos de Unicef. Además, la oferta de trabajo es mucho más baja que la demanda, un hecho que hace que muchas personas acaben trabajando de manera ilegal. Si bien la organización entre hombres, mujeres y niños varía de una localización a otra, se calcula que entre el 10 y el 30 % del cobalto que sale del país proviene de estas minas pequeñas y acaba integrado en el comercio mundial. Las mujeres, además, tienen que hacer frente a la pérdida de tierras de cultivos por expropiación o contaminación, un hecho que las afecta más que a los hombres. Esto hace que las mujeres campesinas ya no puedan trabajar la tierra y pierdan su sueldo y autonomía y, por lo tanto, dependan más de los hombres.

China y el nuevo colonialismo

El gigante asiático no tiene competencia en la fabricación de baterías recargables. Solo la empresa china CATL domina el 30 % del mercado mundial de baterías por vehículos eléctricos. Esto exige grandes cantidades de cobalto, un mineral que —recordémoslo— es finito, como anuncia la Agencia Internacional de la Energía, empezará a faltar hacia el 2030. Pero por si acaso, China se ha apresurado a ganar la carrera a las otras multinacionales del Congo.

El 2020, quince de un total de diecinueve minas eran propiedad o estaban financiadas por empresas chinas, muchas de las cuales habían estado antes en manos estadounidenses o europeas. La otra gran competidora es Glencore, la multinacional suiza vinculada al empresario israelí Dan Gertler. Gertler hizo del Congo la principal fuente de su riqueza a través de acuerdos de minería y petróleo opacos y corruptos. Amigo personal del expresidente congoleño Joseph Kabila, Gertler —que también tiene la nacionalidad congoleña— se valió de su amistad con Kabila para actuar como intermediario entre algunas multinacionales y el estado congoleño para atraer las ventas de activos mineros en la RDC. Hoy acumula sanciones internacionales.

   Estados Unidos no se quiere quedar atrás en la industria de los coches eléctricos y esto pasa por el control del cobalto africano.   

El auge de las empresas chinas se explica también por los acuerdos con el expresidente Kabila. Como si se tratara del popular juego del Catán, Kabila y el gobierno chino intercambiaban infraestructuras por minerales. A principios de los 2000, cuando Kabila tomó el poder, formalizó un acuerdo con China de 6.000 millones de dólares. China pagaría carreteras, hospitales, líneas ferroviarias, escuelas y proyectos para ampliar la electricidad, a cambio de 10 millones de toneladas de cobre y más de 600.000 toneladas de cobalto. Ahora, el actual presidente Félix Tshisekedi intenta renegociar aquellos contratos acusando a su predecesor de haber favorecido demasiado al gigante asiático. China se defiende diciendo que gracias a aquellos acuerdos la RDC ha ganado muchas infraestructuras que de otro modo no se hubieran llevado a cabo.

Estas discusiones coinciden con la firma de unos acuerdos entre los Estados Unidos, la RDC y Zambia (sexto productor mundial de cobre y segundo productor de cobalto en África) para reforzar la fabricación local de baterías eléctricas en los dos países africanos. La idea que hay detrás de este acuerdo es reducir la influencia china y que los Estados Unidos supervisen la cadena de suministro, desde la mina hasta la cadena de montaje en la RDC y Zambia. EE. UU. no se quiere quedar atrás en la industria de los coches eléctricos y esto pasa por el control del cobalto africano.

Hoy la RDC es un Estado con estructuras estatales demasiado débiles para controlar el inmenso territorio del país. El negocio del cobalto ha demostrado que la revolución de la energía limpia está atrapada en un viejo ciclo de expolio, desigualdades y violencia. El comportamiento de las empresas que operan en la RDC no se aleja mucho del expolio del rey belga a finales del siglo xix.

 

Helena Cardona Garriga

La Directa