Carles Soler
Es difícil hacerse una idea de la complejidad que supone garantizar un trato adecuado a la población refugiada o desplazada interna, y más cuando hablamos de cientos de miles de personas. Se trata de una población que huye de su casa, abandona sus tierras y, por tanto, pierde su soberanía. La mayoría de estas personas vivían de trabajar la tierra o de cuidar los rebaños, lo que significa que también han perdido su principal fuente de sustento y de dignidad.
Refugiada, desplazada..., gente que se alimenta cada día. Pero ¿nos hemos parado a pensar cómo se alimentan quienes viven en los campos de refugiados, las personas que llevan años viviendo como desplazados? ¿Cuál es su poder de decisión para alimentarse, quién las alimenta y de dónde vienen los alimentos? Alimentar a cientos de miles de personas en un periodo de emergencia es un reto muy complicado, evitar el impacto negativo en el territorio al que han llegado es imposible... ¿Cuáles son las respuestas que pueden surgir desde la soberanía alimentaria?
Campos de refugiados de Goz Amir del Chad. Fotos: Pole-pole
Población refugiada y población huésped
Afortunadamente, la ayuda alimentaria ha cambiado en el tiempo. De una ayuda humanitaria supuestamente caritativa pero que se aprovechaba como salida a los excedentes alimentarios, hemos pasado a programas resilientes coordinados en el marco del denominado Clúster de Seguridad Alimentaria donde se promueven los medios de vida o actividades generadoras de ingresos para que las personas puedan garantizar su sustento.
Ayudas condicionadas e intencionadas
Si bien en los últimos años se han planteado nuevas maneras de actuar en las que se pone en el centro a las personas refugiadas o desplazadas, no hemos de olvidar los errores (¿intencionados?) del pasado, sobre todo para evitar que vuelvan a suceder.
Goma (República Democrática del Congo), 1994. Con la llegada de millones de personas refugiadas ruandesas se fletan aviones de ayuda humanitaria cargados de latas en conserva, chocolatillos caducados o legumbres desconocidas por la población, ignorando su dieta base. Meses después, los campos de refugiados se inundan de sacos de CSB (corn soy blended) —una papilla a base de soja y maíz— con el pretexto de que se trata de un alimento muy nutritivo para niños y niñas, pero que coincide con excedentes de maíz y soja de Estados Unidos y con su política expansiva de cereales transgénicos.
Puerto Príncipe (Haití), enero de 2010. Tras el terremoto que asoló la zona más poblada del país, Estados Unidos envió toneladas de arroz. Los movimientos campesinos haitianos se rebelaron contra la ayuda recibida por pretender inundar el mercado de excedentes sin tener en cuenta las cosechas de arroz existentes en el norte del país. No era la primera vez que se denunciaba cómo algunos países se aprovechan de las crisis humanitarias y alimentarias para introducir excedentes y abrir nuevos mercados libres de aranceles.
Asimismo, es importante el cambio de enfoque y de intervención cuando las mismas agencias humanitarias afirman que las actuaciones de ayuda alimentaria humanitaria y de desarrollo de la seguridad alimentaria deben concebirse y ejecutarse de modo que, sumadas, garanticen una cobertura máxima de las necesidades urgentes y las necesidades de desarrollo, ya se sucedan una a otra de forma continua ya coexistan paralelamente, como es el caso de muchos estados frágiles.
En la estrategia de intervención en el ámbito de seguridad alimentaria, la población refugiada y desplazada identificada como vulnerable recibe ayuda alimentaria y, en algunos casos, también animales o insumos agrícolas. Las modalidades de intervención son diversas en función del contexto y del nivel de vulnerabilidad de las personas. Puede tratarse de una distribución directa de alimentos o de intervenciones basadas en el mercado, como el sistema de cash and voucher. Estas acciones se integran en los principios de protección transversal, de fortalecimiento de la resiliencia de la población y protección ambiental.
Por ejemplo, en el asentamiento de Kalobeyei, en el condado de Turkana (Kenia) y en el campo de personas refugiadas sudanesas en Goz Amir en la región de Dar Sila (este del Chad), se ha promovido la cesión de tierras a personas refugiadas y desplazadas para que cultiven sus alimentos y vendan los excedentes que generen. Esta alternativa puede considerarse adecuada; sin embargo, es necesario conocer previamente el contexto en el que se ubican estos campos de personas refugiadas o desplazadas y si esta cesión puede generar un conflicto de tierras con la población local o dinámicas que desestructuren los mercados de los pueblos de alrededor.
¿Cuál es el impacto sobre la población y el territorio huésped? El ya precario acceso a la tierra empeora, se encarecen los precios de los alimentos y se compite por el territorio. La tensión surge cuando las personas refugiadas reciben asistencia humanitaria y alimentaria y la población local no tiene acceso a ella. Incluso se puede dar el caso de que los mercados locales se inunden de productos de ayuda alimentaria a mejor precio que los alimentos producidos localmente. En definitiva, si no se actúa debidamente, la situación es preocupante: desarraigo y desestructuración de la población refugiada o desplazada que ha perdido su fuente de alimentación y precarización de las condiciones de vida de la población huésped.
Igualmente, es necesario preguntarse el impacto que tienen estas acciones en las mujeres refugiadas o desplazadas, ya que en situaciones de emergencia se definen unos roles muy diferenciados. Por una parte, los hombres controlan la distribución de alimentos y son los que acceden a las tierras con mayor superficie y, por otra, son las mujeres las que gestionan los cupones para comprar alimentos en el mercado y solo acceden a pequeñas parcelas para cultivar un huerto. Las organizaciones humanitarias afirman que las operaciones que no integran un enfoque de género son menos efectivas, pueden no responder adecuadamente a las necesidades de las mujeres o exponerlas a situaciones de violencia sexual.
Agroecología en situaciones de conflicto
Quizás la capacidad de respuesta a una crisis humanitaria sea otra de las cuestiones pendientes que la soberanía alimentaria y la agroecología deberían abordar. ¿Existe una estrategia? ¿Podemos elaborar una propuesta factible? Y a ello le podríamos añadir el debate sobre la defensa de la soberanía alimentaria en territorios en conflicto o en los que desde hace años luchan contra el cambio climático. El Sahel es una de las zonas donde coinciden ambos contextos: los periodos de hambruna son cada vez más recurrentes, se hace más evidente el impacto del cambio climático y se trata de regiones en conflicto desde hace décadas. ¿Cómo articulamos una defensa de la soberanía alimentaria en estos lugares? Aparte de ser críticos con los programas de ayuda humanitaria de organismos internacionales, ¿disponemos de alternativas resilientes que empoderen a las personas refugiadas o desplazadas?
Para hacernos una idea de la dimensión de la emergencia alimentaria, nos centramos en la República Democrática del Congo que, cabe recordar, es un país de una riqueza inmensa en recursos naturales y que dispone de suficiente superficie fértil como para garantizar la alimentación de su población. En el año 2021, según OCHA (Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios), cerca de 20 millones de personas requerirán asistencia humanitaria y, de ellas, 9 millones necesitarán asistencia alimentaria. Gran parte de ellas son refugiadas o desplazadas y, por tanto, se encuentran en situación de extrema vulnerabilidad y sin acceso a recursos. A ello debemos añadir que apenas se dispone del 25 % de los fondos necesarios para la seguridad alimentaria, establecidos por el Plan Global de Respuesta Humanitaria. La incapacidad para garantizar el respeto de los derechos fundamentales de las personas y atender sus necesidades mínimas es evidente.
Mientras buscamos alternativas desde la agroecología y la soberanía alimentaria, nos encontramos con la cruda realidad: actualmente hay 70,8 millones de personas desplazadas forzosamente. De ese total, 41,3 millones son desplazadas internas y 25,9 millones son refugiadas.[4] Las cifras son tan abrumadoras que solo cabe una conclusión: llegamos tarde.
Cuando la ayuda solo habla en inglés
Si no impusiéramos nuestra manera de actuar y nuestros idiomas, si estuviéramos en escucha activa, tal vez nos daríamos cuenta de la capacidad de respuesta de las comunidades locales.
Generalmente, cuando oímos hablar de ayuda alimentaria pensamos en los programas impulsados por organismos internacionales y ONG; pocas veces prestamos atención a las acciones de apoyo y solidaridad de las comunidades y asociaciones locales —cuando, de hecho, son las primeras en dar respuesta en situaciones de emergencia o urgencia—.
Nuestra visión eurocentrista nos impide visualizar dichas acciones de solidaridad y por eso apenas hay documentación al respecto. Esta actitud se pone de manifiesto cuando se coordinan los programas de ayuda humanitaria o alimentaria en las zonas de actuación a través de reuniones de coordinación con presencia de organismos y ONG internacionales, alguna ONG local pero escasa o nula presencia de la sociedad civil afectada. La mayoría de estas reuniones y de los documentos de trabajo se redactan en inglés sin tener en cuenta la lengua del territorio o de la población afectada, probablemente con un supuesto objetivo de eficacia y respuesta rápida. Estas dinámicas operativas de urgencia invisibilizan las acciones de las comunidades locales, ya sea porque no se las invita a los briefings de coordinación o porque no entienden el inglés ni están familiarizadas con los conceptos empleados.
Wakimbizi wa vita wanakimbilia kwa jamaa zao. Jamaa zinazowapokea zinagawa nyumba na chakula, hata mavazi. Ni hapo wanapokea msaada mbalimbali toka vikundi vya usaidizi.
Posiblemente no se haya entendido nada del párrafo anterior. Pues es lo que les sucede a las organizaciones locales de la provincia de Kivu del Norte cuando la lengua vehicular de los programas de emergencia es el inglés.
Si no impusiéramos nuestra manera de actuar y nuestros idiomas, si estuviéramos en escucha activa, tal vez nos daríamos cuenta de la capacidad de respuesta de las comunidades locales. ¿Capacidad insuficiente? Seguramente sí, y más en situaciones de desastres climáticos, terremotos o desplazamientos masivos de personas. Pero también son insuficientes los programas internacionales.
Tras el terremoto de Haití del año 2010 las comunidades campesinas fueron las primeras en organizarse, con sus propios medios, para acoger a las personas que se habían quedado sin casa y para llevar alimentos a las zonas afectadas.
En la región de Kivu del Norte (República Democrática del Congo) desde el año 1998 hasta la actualidad cientos de miles de personas se han visto obligadas a huir de sus casas y desplazarse a lugares más seguros. También allí las comunidades acogen a una parte de estas personas ofreciendo, o más bien compartiendo, alimentos y lugares para dormir. Estas familias desplazadas, de manera progresiva y gracias a la solidaridad comunitaria, se van estableciendo con una pequeña casa e, incluso, tienen acceso a parcelas para cultivar alimentos.
Un denominador común entre Haití y la República Democrática del Congo es que las comunidades acogedoras son, en su mayoría, campesinas. Los programas internacionales para garantizar la alimentación en crisis humanitarias seguirán siendo necesarios, pero a menudo se nos olvida que existen las respuestas locales y que el concepto de resiliencia, que se ha puesto tan de moda, hace mucho tiempo que lo aplican las comunidades campesinas.
[1] El Clúster de Seguridad Alimentaria (FSC, por sus siglas en inglés) se estableció en 2011 para coordinar la respuesta en materia de seguridad alimentaria durante una crisis humanitaria, abordando las cuestiones de disponibilidad, acceso y utilización de los alimentos. El Clúster está codirigido por la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) y el PMA (Programa Mundial de Alimentos). El equipo de apoyo global incluye personal de la FAO, el PMA, organizaciones de las Naciones Unidas y ONG internacionales.
[2] ECHO (Departamento para la Ayuda Humanitaria de la Comunidad Europea).
[3] Dinero en efectivo y cupones canjeables por alimentos y productos de primera necesidad que se entregan directamente a los beneficiarios.
[4] Informe «Alerta 2020! Escola per la Pau».
Carles Soler
Revista SABC
Este artículo cuenta con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo