Sindicatos agrarios y de clase analizan junto con organizaciones que defienden los derechos humanos y laborales la regularización extraordinaria de 2026
J. Marcos y M.ª Ángeles Fernández
Analizamos el posicionamiento de los sindicatos agrarios y de clase, junto con el de las organizaciones que defienden los derechos humanos y laborales, ante la regularización extraordinaria de 2026.

Concentración de trabajadores de los invernaderos en Campo de Níjar, Almería. Foto: Jaime Gallardo Cinca
Ikram Essafy acaba de regularizar su situación gracias al proceso extraordinario que arrancó en abril. El cambio le ha supuesto «bastante papeleo», pero por delante ha ganado un año de tranquilidad. Esta marroquí es una de las 1.174.978 personas que han pedido formalizar su estatus, según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. La tramitación no ha terminado —el Gobierno ha establecido un plan de choque para agilizar el proceso—, así que se desconoce cuántas solicitudes se resolverán favorablemente.
Essafy ha pasado por el campo —frutas y verduras de temporada en Huelva— y también estuvo en una granja. Ahora, ya con los papeles en regla, trabaja en el sector servicios. «Hay jefes que se aprovecharon de mi situación para pagarme menos y exigirme más. Otros que exigen pagar para firmar un precontrato. Ahora estoy mejor, es un poquillo duro, pero mejor que el campo», manifiesta.
Según los últimos datos oficiales, el 15,9 % de las actuales cotizaciones a la Seguridad Social pertenecen a personas de origen extranjero, es decir, 3,5 millones de los 22,4 millones de personas ocupadas. Estas cifras incluyen las 337.917 nuevas altas en la Seguridad Social como consecuencia del último proceso de regularización, indica el Ministerio. La hostelería (con un 33,6 %) y la agricultura (28,1 %) son los sectores en los que trabaja un mayor número de migrantes, como es el caso de Essafy.
La necesidad de mano de obra en regla es uno de los principales argumentos esgrimidos por las organizaciones agrarias cuando apoyan la regularización extraordinaria aprobada tras el impulso de organizaciones antirracistas y migrantes que recabaron más de 700.000 firmas a través de una ILP (Iniciativa Legislativa Popular (ILP). Pero los matices varían, y mucho. En la Revista Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas, hemos levantado el teléfono para conocer las posiciones de ASAJA, COAG, UPA y el SAT, las secciones agrarias de UGT y CC. OO. y los colectivos Jornaleras de Huelva en Lucha y Fruita amb Justícia Social ante la regularización extraordinaria y dibujar así un panorama que recoge las voces de la patronal, las organizaciones agrarias, los sindicatos y quienes defienden los derechos humanos y laborales en el sector agroalimentario.
ASAJA
ASAJA, la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores que defiende los intereses empresariales del sector primario, hubiera preferido otro modelo. En vez de una regularización extraordinaria, desde hace años defienden un «carné nacional de campañas agrarias más cercano a la contratación en origen, pero estando aquí». Su presidente, Pere Roqué, vaticina que «llegará un punto en el que no habrá más trabajo que ofrecer. Con el carné, las personas que no tienen trabajo podrían volver a su país de origen cuando termine la campaña».
—Entonces, ¿bienvenida la migración solo cuando aporta mano de obra? ¿Acaso no es un argumento utilitarista?
—Seguramente quienes hacen esa observación nunca hayan tenido personas trabajando a su cargo. Al final, no todo el mundo puede ser empresario, pero la realidad es que quien conoce la situación de la migración normalmente es el sector empresarial.
Integrada en la patronal CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales), ASAJA es la mayor organización agraria del Estado. Roqué prefiere esperar al menos un año, periodo de vigencia de los permisos concedidos, para valorar la regularización aprobada.
COAG
Por número de personas afiliadas, COAG (Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos) ocupa el segundo puesto como organización sindical agraria. Su secretario general, Andrés Góngora, indica que «la regularización era una demanda necesaria que se ha quedado corta».
—¿En qué sentido resultan insuficientes las medidas?
—Desde el punto de vista del agricultor, de personas que necesitan mano de obra, un proceso de regularización es algo más que un trámite administrativo, que es como se ha planteado.
COAG representa principalmente a la agricultura y la ganadería familiar y a profesionales autónomos del campo. Góngora echa en falta «medidas de acompañamiento que tengan que ver con la integración sociolaboral». En concreto, pide formación social y lingüística, también cursos específicos en función del ámbito laboral en el que vayan a trabajar las personas migrantes. «Y luego hay otra parte que es la vivienda. La integración no pasa solamente por el ámbito laboral, sino por participar de una zona, de un pueblo, de integrarte socialmente en la vida cotidiana», añade el secretario general. En este sentido, defiende que «las explotaciones agrícolas no son sitios donde vivir. Muchas de las personas que se han regularizado quieren quedarse a vivir aquí y traerse a sus familias; no están pensando en ser temporeros».
UPA
La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) se enfoca en la defensa de las explotaciones de pequeño y mediano tamaño. Desde febrero de 2025 cuenta con una Secretaría de Inmigración. «Nuestra organización lleva en el ADN el tema de la mano de obra emigrante», arranca la conversación Manuel Piedra, responsable de esta área y secretario de UPA en Huelva. Considera que «se tenía que haber hecho algo más por parte del Gobierno» y que ahora se enfrentan «al gran problema del tapón». «El proceso está atascado al máximo. Pese al esfuerzo, si no hay resoluciones rápidas, estas personas seguirán sin poder trabajar. Habría que haber puesto más medios».
—¿Qué herramientas concretas faltan?
—Por ejemplo, la figura del certificado de vulnerabilidad ha provocado que haya personas gestionando ese servicio con miras económicas.
Piedra lo tiene claro: «No se trata solamente de mano de obra, sino que son personas que viven y conviven con nosotros. Los emigrantes van a ser quienes saquen adelante los pueblos». Considera que la regularización «les da dignidad y poder mantener su vida en regla les permite trabajar».
SAT
El discurso del Sindicato Andaluz de Trabajadores/as (SAT), de carácter anticapitalista, nacionalista andaluz y de clase, no se anda con rodeos: «Todos los procesos de regularización ayudan a solucionar las situaciones dramáticas que viven los trabajadores que están sin papeles, pero son un parche temporal. El problema de la migración es mucho más profundo». Así lo expresa su portavoz en Almería y responsable de Acción Sindical, José García, quien admite que las políticas aprobadas «les permiten ciertos derechos sociales, cierta tranquilidad de que no te van a expulsar, pero básicamente están igual de explotados, tanto con papeles como sin papeles».
—¿Por qué consideráis que es una medida insuficiente y cortoplacista?
—La burocracia genera un mercado totalmente explotador de papeles y de derechos. El problema de esta regularización va a venir dentro de un año porque, con los requisitos que piden, entre ellos el empadronamiento, una parte importante de esas personas se va a quedar sin papeles.
Están igual de explotados, tanto con papeles como sin papeles.
García denuncia que existe un mercado que ronda los 5.000 o 6.000 euros para legalizar la situación, un sistema por el cual quienes trabajan tienen que desembolsar ese dinero para que el patrón de turno les formalice un contrato con la duración suficiente para renovar el permiso de trabajo. «El empresario es un agente de explotación, pero detrás de él hay otros que posibilitan toda esta maquinaria: las grandes multinacionales de la agroquímica».
UGT-FICA
Los dos sindicatos mayoritarios, UGT y CC. OO., mantienen sus respectivas áreas dedicadas al campo, la agroalimentación y el sector primario. Javier Velasco es el secretario del Sector Agroalimentario de UGT-FICA, la Federación de Industria, Construcción y Agro de la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores. Su opinión respecto a la regularización aprobada es «firmemente favorable», postura que respalda con varios argumentos, entre los más importantes: la reducción de la economía sumergida, la mejora de las condiciones laborales y una solución a la falta de mano de obra. «Cuando llegan las campañas, es muy complicado encontrar personas y esto ayuda. Pero resaltamos la importancia de dotar de derechos y protección a un colectivo vulnerable que reside, que ya residía, y que aporta activamente a la economía», indica Velasco.
—Pero ¿la puesta en práctica ha sido suficiente?
—Se hizo de la mejor manera posible, aunque todo es susceptible de mejora. Quizá haya que ampliar para que mucha gente que se ha quedado fuera pueda entrar en la regularización.
CC. OO.
CC. OO. está «dentro y ayudando» al proceso de regularización. La secretaria confederal de Juventud de la organización, Pau García, considera que «se está dando mucho bombo a las ideas reaccionarias, cuando la postura mayoritaria, tanto en el sindicato como en el país, no es que los migrantes vengan a quitarnos el trabajo».
A veces para convencer a algunas personas tenemos que hablar de esa parte utilitarista.
—Y en el interior de CC. OO., ¿pesa más el argumento utilitarista o la defensa de los derechos humanos?
—Como sindicato de clase, estas dos realidades son totalmente combinables y, de hecho, es como hemos visto este proceso. Es totalmente combinable, aunque a veces para convencer a algunas personas, tenemos que hablar de esa parte utilitarista. Pero lo básico es que son derechos humanos que todas las personas deberían tener garantizados.
Jornaleras de Huelva en Lucha
Ana Pinto es portavoz y fundadora de Jornaleras de Huelva en Lucha, un grupo de mujeres trabajadoras del campo y del manipulado que viven en la provincia de Huelva. Allá por el año 2020 ya se manifestaron y participaron en el proceso de regularización, hasta que finalmente salió la ILP. Por eso Pinto ve la actual situación como «un avance, una pequeña victoria» de la que se alegra mucho, pero que «se queda corta». Lamenta que «parece que los migrantes solo pueden venir por el hecho de que vayan a poder trabajar en los trabajos que nadie quiere. El propio derecho a migrar que deberían tener todas las personas se borra».
Parece que los migrantes solo pueden venir por el hecho de que vayan a poder trabajar en los trabajos que nadie quiere.
Muchas de las jornaleras que recolectan frutos rojos en Huelva lo hacen a través de contratos en origen, permisos temporales de trabajo que les permiten migrar unos meses al año para la campaña de recogida y regresar luego a su país, principalmente Marruecos. «Nos han llamado muchas mujeres para ver si se podían regularizar, mujeres que llevan viniendo desde 2006, y estaban muy cabreadas porque ellas no han tenido derecho a participar en este proceso de regularización», comparte la portavoz. Y denuncia que el modelo de contrato en origen es algo que se quiere implantar en Europa: «Esta famosa migración circular que llaman no es ni más ni menos que un eufemismo. Utilizan a la gente pobre de los países pobres, a la gente más necesitada, para traerla aquí a hacer los peores trabajos, para reventarlos y sacarles el máximo de su productividad sin garantizarles ningún derecho. Y luego que vuelvan a su país».
Fruita amb Justícia Social
En Fruita amb Justícia Social, una organización de activistas que lucha por defender los derechos humanos de las trabajadoras y los trabajadores de la campaña de la fruta de Lleida, también son muy críticas. Hablan de una «carrera de obstáculos» que ha hecho «sufrir bastante» a la gente. Gemma Casal, integrante de esta colectiva, explica que «el trabajo agrario es como un pez que se muerde la cola, con un sistema de producción intensivo que se dedica a depredar mucha tierra». Y denuncia que «se ha comido ya a la mayoría de agricultores pequeños y necesita una gran cantidad de mano de obra».
Casal subraya que «el hecho de tener la documentación en regla ha mejorado mucho las condiciones de la mayoría de la gente que se ofrecía a trabajar, pero las condiciones en las que trabajan continúan siendo muy precarias». Cita como ejemplo que la gestión de los horarios en franjas de calor extremo ha mejorado, pero que la gente sigue sin tener dónde dormir, se siguen sin pagar las horas extra, no se cobran las realmente trabajadas, tampoco se abona el transporte… «El convenio se sigue vulnerando constantemente», indica Casal. Y finaliza así: «Luego está el eterno discurso de la patronal, el de que ellos, pobres, no tienen la culpa porque no pueden contratar a gente con papeles. Funcionan con la lógica capitalista de la maximización de beneficios para seguir acaparando beneficios. Y ahí las personas no tienen cabida. Lo que quieren es mano de obra barata para poder vender. Quieren brazos, no quieren personas».
J. Marcos y M.ª Ángeles Fernández
Periodistas