Del comedor escolar a las tierras de sacrificio

Sergio S. Taboada y Carles Soler

 

Ausencia de trazabilidad, garantía de impunidad

El principal obstáculo encontrado al analizar los dos estudios de caso tiene que ver con la imposibilidad de realizar un seguimiento pormenorizado de cada alimento a lo largo de toda la cadena de suministro. Tanto en el ámbito corporativo como en el público, nos encontramos con una opacidad estadística que bloquea cualquier pretensión de esclarecimiento que vaya más allá de los datos macroeconómicos y de las tendencias generales.

El rastro de los alimentos se pierde, se desdibuja y se oscurece en el complejo entramado de las operaciones mercantiles y logísticas masivas que atraviesan el planeta a una velocidad de vértigo. Ni siquiera Mercasa, la plataforma pública de abastecimiento, ofrece datos desagregados de los volúmenes, precios, tipos y categorías de alimentos que distribuye en cada uno de los mercas de su red. De los 23 mercas que componen la red, tan solo tres ofrecen datos públicos del origen y los precios de los alimentos que se comercializan en sus instalaciones, a pesar de que el 77 % de las frutas y hortalizas consumidas en España pasan por estos centros de distribución, lo que incluye, inevitablemente, todas aquellas que acaban en los comedores escolares.

Sin trazabilidad, es imposible saber de dónde vienen exactamente los alimentos, lo que permite evadir responsabilidades y crea las condiciones que garantizan la impunidad en el comercio. Pero ¿qué oculta exactamente toda esta opacidad?

La judía verde que llega de Marruecos

En las últimas décadas, mientras decaía sin remedio la producción estatal de judía verde, no ha dejado de aumentar su importación desde Marruecos. En la región de Souss-Massa (Agadir) se concentra el crecimiento reciente de este gran negocio agroexportador de hortalizas que, se advierte, ya está agotando sus acuíferos. El desarrollismo, impulsado por los planes gubernamentales y por la demanda europea de productos primarios baratos y desestacionalizados, se enmarca en el polémico acuerdo agrícola UE-Marruecos, impugnado reiteradamente por sus efectos sobre los territorios ocupados del Sáhara Occidental y sus recursos naturales.

     El consumo de judía verde ha disminuido tanto en el Estado español que podría satisfacerse con la poca producción propia que aún se mantiene.   

Pero, al margen del histórico conflicto, esta producción para la exportación de hortalizas, entre ellas la judía verde, ha provocado una severa descampesinización del territorio que afecta gravemente a su soberanía alimentaria. Sin acceso a la tierra ni al agua, la población marroquí se ve obligada a migrar o a emplearse en la agroindustria. Las pésimas condiciones laborales (en las que es habitual la exposición a plaguicidas sin ningún tipo de protección, por ejemplo) y los bajos salarios, especialmente para las mujeres, permiten a estas empresas competir en precios con la producción europea.

Estas «ventajas competitivas» atrajeron a numerosas empresas agrarias españolas que, al deslocalizar su producción, contribuyeron a convertir Agadir en «El Ejido marroquí», desde donde se importan grandes cantidades de judía verde para abastecer el mercado español. Sin embargo, el consumo de judía verde ha disminuido tanto en el Estado español que podría satisfacerse con la poca producción propia que aún se mantiene, por lo que una buena parte del excedente de judía verde acaba siendo reexportado a otros territorios europeos.

Y los bananos de Ecuador

Desde mediados del siglo xx, Ecuador es el líder mundial en la exportación de banano. En las últimas décadas, la Unión Europea se ha convertido en su principal destino y su consumo no deja de aumentar, también en el Estado español. Esta situación compromete seriamente la viabilidad del cultivo de plátano en Canarias, donde los costes de producción son muchísimo más elevados.

La industria bananera ecuatoriana, concentrada principalmente en las provincias de Los Ríos, Guayas y El Oro (región Costa), detenta un poder omnímodo a través de la captura corporativa del Estado. El actual presidente, Daniel Noboa, es heredero de un imperio que lleva varias generaciones amasando una inmensa fortuna a través de la exportación de banano. Este contexto de impunidad afecta a quienes viven y trabajan en las plantaciones, donde el empleo masivo de plaguicidas mediante fumigación aérea y terrestre, la explotación laboral, las prácticas antisindicales (persecución y amenazas), la discriminación de las mujeres y el trabajo infantil son, lamentablemente, prácticas muy consolidadas.

El inmenso desarrollo logístico del negocio bananero ha abierto, además, nuevas rutas de exportación masiva hacia Europa que están siendo aprovechadas por el narcotráfico. Esto, sumado a las políticas securitarias del Gobierno de Noboa, ha elevado las estadísticas de homicidios y criminalidad en el país hasta límites estremecedores.

Si los precios del banano ecuatoriano son tan bajos y las transnacionales bananeras continúan obteniendo beneficios, es por la profunda injusticia socioambiental sobre la que se sustenta el negocio. Aunque esto se considera competencia desleal para el plátano canario, las empresas distribuidoras españolas comercializan simultáneamente las dos frutas, garantizando sus beneficios en cualquier caso.

Ni legislación ni voluntad

Pese a la falta de trazabilidad, nuestros cálculos nos permiten afirmar que más del 54 % de la judía verde que se consume en los comedores escolares procede de Marruecos. Este porcentaje es aún mayor cuando se consume judía verde fresca fuera de temporada.

En el caso del banano, no podemos estimar un porcentaje aproximado, aunque sabemos que Ecuador es el principal exportador mundial de esta fruta y que la mayoría de las licitaciones terminan decidiéndose por factores económicos, por lo que parece obvio pensar que el banano ecuatoriano formará parte de los menús escolares en una proporción considerable.

Las judías y los bananos son solo dos ejemplos. Si extrapolamos los datos disponibles, también se puede afirmar que más de la mitad de las frutas y hortalizas consumidas en las escuelas no son de proximidad ni de temporada y que, por lo tanto, lo más probable es que algunas procedan del sur global, con los impactos que ello supone en ambos extremos de la cadena alimentaria: producción y consumo.

     Más de la mitad de las frutas y hortalizas consumidas en las escuelas no son de proximidad ni de temporada.   

Todo esto ocurre a pesar de la existencia de leyes y marcos normativos que regulan la compra pública de alimentos para la restauración colectiva y velan por el cumplimiento de derechos y una contratación sostenible, cuya aplicación práctica, sin embargo, sigue siendo mínima o inexistente.

Además, la ambigüedad en la definición de criterios como proximidad, temporada o circuito corto, en la legislación y en la redacción de los pliegos de contratación, permite que se continúe priorizando un modelo que apuesta por una alimentación deslocalizada, sin importar sus consecuencias.

Para evitar que los comedores escolares sigan contribuyendo a perpetuar un modelo tan irresponsable, nuestras recomendaciones son claras: exigir el cumplimiento de los criterios de la contratación pública responsable, para que defienda el derecho a la alimentación y obligue a las empresas proveedoras a identificar y mitigar los riesgos para los derechos humanos a lo largo de toda su cadena de suministro; destinar recursos suficientes a la verificación de este cumplimiento; y garantizar la trazabilidad y la transparencia de todo el proceso.

Hace ya mucho tiempo que la vulneración de derechos en el sistema alimentario está sobradamente documentada. Por eso, después de publicar este informe, nos preguntamos: ¿cuántos estudios y cuántas propuestas más tendremos que hacer para transformar de una vez el sistema alimentario actual?