Teresa López Franco
Parece evidente que nuestras sociedades están obsesionadas con el delito: es el motor de una parte importante del entretenimiento que consumimos, como las series de detectives, los dramas carcelarios o las novelas de misterio. Sin embargo, rara vez nos preguntamos seriamente por él. ¿Qué significa el delito? ¿Cómo gestionamos el daño y el conflicto que el delito representa? ¿Son suficientes nuestras formas de abordarlo? ¿Cómo gestionaríamos el conflicto en el marco de sociedades sostenibles, justas e igualitarias?
Dos formas de gestionar el conflicto
Para empezar a responder a estas preguntas, permitidme proponer una comparación sencilla entre la gestión del conflicto a través de los aparatos penales del Estado y el modo en que los gestionamos en nuestras relaciones.
Cuando una amiga nos hace daño, recurrimos fundamentalmente a la palabra para resolver el conflicto. Nos enfrentamos a ella, le exponemos nuestras quejas, lo que nos ha dolido, tratamos de hacerle ver por qué no debería haber hecho lo que hizo e, idealmente, encontramos juntas una solución. La gestión penal del conflicto es diametralmente opuesta. Si en lugar de confrontarla directamente decidimos denunciarla, el conflicto termina siendo juzgado por otros, que deciden por nosotras lo que sucederá, a veces sin ninguna intervención nuestra más que una declaración inicial.
Conceyu del Texu. Rozadas (Asturias), 22 de junio de 2008. Fotos: Ignacio Abella
Una diferencia clave entre estos escenarios es el tipo de decisiones que se toman en cada uno: los sistemas penales imponen dolores, en forma de sanciones, como respuesta a las infracciones. Exigen pagos, privan de derechos, encarcelan a los infractores... Es poco probable, por el contrario, que en una confrontación directa con una amiga optemos por soluciones de este tipo. Antes bien, tenderemos a buscar soluciones conjuntas, algún tipo de reparación por su parte, como una disculpa, un compromiso de actuar de otra forma en el futuro o alguna compensación que nos sea significativa. Además, todo esto se dará teniendo en cuenta el contexto que ha hecho surgir el conflicto, las circunstancias y las razones que lo han originado.
La ausencia de todos estos procesos lleva a teóricos como Nils Christie a denunciar que los aparatos penales funcionan «expropiando» los conflictos. Al pasar a manos de instituciones que carecen de vínculos significativos con los hechos y con las comunidades —como la policía, los tribunales y las instituciones penitenciarias—, el conflicto se desnaturaliza y se separa del contexto en que se origina. Así, queda desconectado de las personas a las que ha afectado: sus preocupaciones, sus quejas, sus razones para actuar, sus intereses y sus aspiraciones poco tienen que ver con el proceso. Esta forma de gestión implica una pérdida de oportunidades muy valiosas para la producción de diálogos fructíferos, para la restauración de vínculos y la sanación de heridas, para la gestión cooperativa y para la toma de decisiones en esferas de la vida que son de gran importancia para las personas.
Pues bien, ¿qué tiene todo esto que ver con la crisis ecosocial, con escenarios de transición y con el campesinado?
Igual que hemos descargado sobre el mercado la producción de bienes necesarios como el alimento, recurrimos sistemáticamente al Estado para que gestione por nosotros nuestra vida política.
Vuelta a las raíces
En primer lugar, tal como argumenta Aureliene Bérlan, esta predisposición a desentenderse del conflicto está conectada con la aspiración de superar nuestra condición natural. Encontramos en este punto dos procesos complementarios. Por un lado, externalizamos las actividades más esenciales a la hora de sostener nuestra vida, como el cultivo de nuestros alimentos, invisibilizando y devaluando socialmente estas prácticas, descargándolas sobre otros. Algo similar sucede con el conflicto: preferimos vivir de espaldas a nuestros vecinos, desentendiéndonos de la necesidad de construir una convivencia con los demás. Esta convivencia involucra siempre la posibilidad del conflicto, de la confrontación. Así, nos dice Bérlan, igual que hemos descargado sobre el mercado la producción de bienes necesarios como el alimento, recurrimos sistemáticamente al Estado para que gestione por nosotros nuestra vida política.
De este modo, volver a las raíces materiales de nuestra existencia, conectar con nuestra naturaleza finita y necesitada, con el hecho de que somos ecodependientes e interdependientes, implicará hacernos cargo tanto del sostenimiento de la vida física como de nuestra convivencia con quienes compartimos nuestro medio. Así, el área del daño y el conflicto es uno de los ámbitos que necesitamos replantear, en los que tenemos que cambiar nuestras formas de organización, además de nuestros imaginarios culturales.
Soberanía, comunidad, campesinado
En concreto, no es posible enfatizar demasiado el potencial que tiene el conflicto para crear oportunidades para el encuentro y la toma colectiva de decisiones. La idea más importante en este aspecto es que el conflicto no rompe las relaciones, como estamos acostumbrados a pensar. Si no se gestiona correctamente, por supuesto que tiene el potencial de hacerlo. Pero la experiencia cotidiana nos enseña que nuestras relaciones pueden salir fortalecidas y revitalizadas cuando enfrentamos un conflicto y somos capaces de abordarlo constructivamente.
Lo mismo se puede decir de las comunidades. La gestión proactiva y responsable del conflicto aumenta la resiliencia de las comunidades: refuerza las relaciones entre sus miembros, permite asumir responsabilidades, reflexionar sobre los compromisos colectivos… La virtud de la resiliencia es especialmente relevante cuando hablamos de transición ecosocial: los cambios a los que nuestras sociedades se enfrentan se producirán en condiciones difíciles, marcadas por factores como la escasez de recursos o la variabilidad extrema del clima. En un contexto como este, que afectará de forma diferente al mundo urbano y al rural, la capacidad de cohesión de las comunidades será un elemento clave en su éxito, como argumentan Luis González Reyes y Adrián Almazán.
Nuestras relaciones pueden salir fortalecidas y revitalizadas cuando enfrentamos un conflicto y somos capaces de abordarlo constructivamente.
No estamos hablando aquí de imaginar comunidades en las que no existan normas, ni siquiera en las que no existan sanciones. De lo que se trata es más bien de redirigir la decisión sobre las normas, y sobre lo que sucede cuando estas se incumplen, a las comunidades mismas. Se trata, en pocas palabras, de aumentar las oportunidades de soberanía de las comunidades, de incrementar la cantidad de herramientas de las que disponen para organizarse autónomamente y para gestionar con éxito sus recursos.
Este punto es esencial. Podemos aclararlo echando mano de la obra de Elinor Ostrom y su trabajo acerca de los bienes comunes, tanto en el campo como en el mar. Ostrom nos enseña que la gestión exitosa de los bienes comunes depende de varias condiciones, que combinan la existencia de normas claras, la capacidad de los individuos para influir en las decisiones colectivas, pero también la imposición de sanciones razonables y la existencia para gestionar los conflictos. Vemos, por tanto, que el conflicto es esencial: para aumentar la soberanía del campesinado sobre sus propias formas de vida y su trabajo no basta con reflexionar acerca del momento “legislativo”, es decir, sobre el modo en que se toman las decisiones. Por el contrario, hay que subrayar la importancia que tienen la imposición de sanciones, cuando estas proceden, y la gestión directa del conflicto, cuando este se produce. En otras palabras: dotar a las comunidades de la capacidad de decidir sobre su actividad productiva y sobre su forma de organizarse implica darles también la capacidad de decidir sobre los casos en que los compromisos se rompen o se producen daños.
El sostenimiento de la vida física y la construcción de una convivencia política activa son esferas que se retroalimentan, que no se pueden abordar por separado.
Así, el sostenimiento de la vida física, en el cual el ámbito rural tiene una importancia tan grande, y la construcción de una convivencia política activa son esferas que se retroalimentan, que no se pueden abordar por separado. Pensar otras formas de organización del trabajo del campesinado, otras formas de propiedad de la tierra y los bienes que esta ofrece, implica necesariamente enfrentarse a la pregunta por quién y cómo decide las reglas del juego, cómo se hacen valer, pero también cómo dirigirnos a nuestros convivientes cuando se producen conflictos. En este laboratorio de sociedades posibles, el rural tiene una importancia vital. No solo por la importancia del ámbito agroalimentario para el sostenimiento de la vida y para la reformulación de nuestros modelos productivos, sino, además, por las oportunidades que ofrece para poner en marcha otros modos de relacionarnos, otras comunidades posibles y otra forma de gestión colectiva de los recursos.