Gustavo Duch

 

Su intuición, de hecho, es lógica. La Asociación de Desarrollo Económico Social de Santa Marta (ADES), con 32 años de existencia, es una de las organizaciones que con más dureza está sufriendo la política dictatorial del presidente que, de forma totalmente injusta y premeditada, encarceló hace ya dos años a cinco directivos de esta oenegé, básicamente para intentar intimidar y debilitar una organización clave en las luchas y movilizaciones contra la minería, uno de los negocios con los que la oligarquía que representa Bukele quiere seguir enriqueciéndose.

«El acompañamiento que hacemos a la población de Santa Marta, casi unas tres mil personas», detalla Alfredo Leiva, integrante de la Junta Directiva de ADES, «nos ha llevado no solamente a trabajar juntas por sus necesidades más sentidas, donde la agricultura y la ganadería tienen un papel básico, sino también a ser parte de las luchas que ahí se desarrollan, y desde la primera década del siglo xxi, especialmente con la lucha antiminera que en este departamento se quiso implementar».

El cantón de Santa Marta se ubica en el municipio de Victoria, departamento de Cabañas. El fruto de esa lucha contra la minería, con repercusión mundial, fue la ley antiminería aprobada en el 2017, aunque, como recuerda Vidalina Morales, presidenta de ADES: «también en ese tiempo fuimos víctimas de persecución y hasta ocasionó el asesinato de la compañera Dora Sorto, una líder de las comunidades, embarazada de ocho meses, y de los compañeros Marcelo Rivera y Ramiro Rivera».

El pueblo en contra de la minería

Alfredo explica que el desafío actual es muy grande, puesto que no solo deben mantener la labor de la organización junto a las comunidades campesinas, sino también trabajar para liberar a sus cinco dirigentes encarcelados. «Además, ahora también es necesario ahondar en la lucha contra la minería, ya que el 23 de diciembre del año pasado, justo previo a la Navidad, el regalo del gobierno a las comunidades y al pueblo salvadoreño fue derogar la ley que prohibía la minería y ofrecer abiertamente el país a los intereses financieros y extractivistas». Alfredo asegura que El Salvador no es un país que preste las condiciones para la explotación minera y que en las últimas encuestas más del 60 % de la población salvadoreña cree que no se debe hacer explotación minera allí, «pero estamos en un país donde el presidente decide y los diputados solo obedecen. Igual ocurre con el sistema judicial, un instrumento que, en lugar de para impartir justicia, Bukele lo usa para criminalizar a quienes nos oponemos a sus políticas».

   Ya lo hemos dicho en reiteradas ocasiones: la minería lo que genera es pobreza y división social.   

Vidalina, veterana en la lucha por la defensa del territorio, señala que estos días se van a cumplir tres años del famoso régimen de excepción impuesto por Bukele, en los que ha habido una alta vulneración y violación de los derechos fundamentales, como han denunciado muchas organizaciones nacionales e internacionales. «Es en este contexto donde se dan estas grandes apuestas del gobierno, como la minería, que nosotras pensamos que no hará más que agudizar la crisis ya existente en nuestro país. La más fundamental, la pobreza en nuestras comunidades, que la explotación minera no va a corregir, al contrario, ya lo hemos dicho en reiteradas ocasiones: la minería lo que genera es pobreza y división social. Lo que genera también es la destrucción del tejido social comunitario y mucha incertidumbre, porque los empleos que la mina ofrece son empleos de hambre, digamos. No sustentan esas necesidades que en realidad necesitamos».

ADES lleva décadas afirmando que quienes obtienen las ganancias de la minería son las empresas explotadoras. Alfredo explica que en estudios pasados se decía que las empresas mineras iban a dejar a El Salvador el 1 % de las ganancias a las municipalidades y otro 1 % al Estado. «Estamos hablando del 2 % que, incluso si fuera verdad lo que dice el presidente de que se generarán 3.000 millones de dólares, el 2 % que le quedaría a El Salvador sería una miseria y no estaría en correspondencia con los daños que causaría. Por otro lado, otro argumento que maneja Bukele es que para extraer los minerales se usarán técnicas modernas que no contaminan; pero eso es otra mentira porque ninguna mina de minerales se puede explotar sin contaminar el ambiente».

Todo se ha vuelto impredecible

Volviendo al papel principal de ADES, su trabajo con las comunidades campesinas, tampoco en El Salvador se libran de las repercusiones que la crisis climática comporta a quienes producen alimentos. Vidalina afirma que ya son apreciables los efectos del cambio climático y los problemas que toda esta crisis ecológica provoca en el campo. Cuando le pedimos ejemplos, es contundente. «Fíjese que El Salvador es un país extremadamente pequeño, con apenas 21.000 kilómetros cuadrados. Si retrocedemos solo dos décadas, podemos afirmar que nuestros campesinos y campesinas entendían bien el tiempo y la forma de sembrar, y el tiempo de recoger. Pero pasa que ahora, en los últimos años, todo se ha vuelto impredecible. El cambio que estamos percibiendo en este país es catastrófico, o sea, ya no tenemos certeza de qué debemos sembrar ni qué vamos a recoger. Hay pérdidas de cultivos porque no llueve cuando corresponde o hay demasiada lluvia». Cuenta que el año pasado, en Santa Marta, se perdió más de la mitad de la cosecha de frijol, un alimento básico, y que en otras zonas del país se pierden por completo otros cultivos.

   Ya no tenemos certeza de qué debemos sembrar ni qué vamos a recoger.   

Vidalina suma esta incertidumbre alimentaria y climática a lo que se perfila con la fuerte relación que existe entre El Salvador y Estados Unidos, con presidentes como Bukele y Trump al frente. «Nos preocupa que las políticas de expulsión de migrantes que dice Trump  —y que Bukele apoya ofreciendo cárceles— se lleven adelante. Primero, porque una parte importante de la economía del país depende de las remesas que envían quienes migraron. Segundo, porque El Salvador, con una población de seis millones, actualmente no tiene condiciones para recibir una cantidad de migrantes como la que se supone que pueda venir. Vale decir que hay alrededor de dos millones y medio de salvadoreños y salvadoreñas viviendo en Estados Unidos, la mayoría, de forma alegal».

Alfredo añade que la relación entre Bukele y Trump, parece una relación de amor y odio. Hacen declaraciones uno en contra del otro; sin embargo, realmente Bukele es un presidente a la medida exacta de lo que necesita la política de EE. UU. «No es casual que este gobierno haya vendido que acá tenemos la mejor cárcel del mundo y que ahora se la ofrezca a Trump. Para ADES es una vergüenza que un gobierno se exprese de esta forma cuando se están deteriorando significativamente servicios como la salud y ha habido cierres de escuelas».

Perder el miedo al régimen

La lucha contra la minería, según nos cuentan ambos, hay que entenderla en otras dimensiones además de como una lucha ecológica. Se está convirtiendo en una aliada para que el pueblo salvadoreño se libere del miedo que este régimen impone. «En 2023», cuenta Vidalina, «hasta que se detuvo a nuestros compañeros, había un clima de miedo generalizado. De hecho, el 95 % de las organizaciones sociales explicaron que se autocensuraban, que no hablaban contra el gobierno por temor a la persecución; pero, al entrar nuestras demandas de justicia en el escenario, se rompió ese clima de miedo y mucha gente se nos empezó a sumar durante este proceso que ya lleva más de dos años. Y ahora, cuando se habla de la aprobación de la minería, la situación empieza a cambiar porque la opinión de la gente que difiere del presidente se ha hecho presente. Y a pesar de las distintas cortinas de humo que han intentado que se deje de hablar de la minería, la gente está respondiendo con un no a la minería generalizado».

Gustavo Duch

Revista SABC

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Nota. Este artículo es parte del proyecto Tándem Migro-Ambiental Glocal, que se lleva a cabo con la colaboración de la Agència Catalana de Cooperació de la Generalitat de Catalunya (ACCD).