Cambiar el modelo para recuperar la vida

Gemma CASAL FITÉ

LA AMARGA EXISTENCIA DE LA FRUTA DULCE

La recogida de la fruta dulce en Lleida necesita cada verano de la incorporación de entre 22.000 y 28.000 personas. Históricamente eran mujeres y jóvenes estudiantes de las localidades próximas quienes obtenían trabajo remunerado durante unos meses en verano, pero en las últimas décadas solo una pequeña parte de la demanda se cubre con mano de obra local. Sus puestos han sido sustituidos por hombres y mujeres inmigrantes provenientes de distintos puntos del Estado español, una población que hace años que es parte imprescindible de la ciudadanía, pero que sigue sin obtener los mismos derechos que el resto.

El convenio agrario obliga, entre muchas otras cosas, a facilitar alojamiento a las personas trabajadoras que tienen su hogar a más 75 kilómetros de su puesto de trabajo, pero esto no se cumple en muchas ocasiones y nos encontramos con que cerca de 2000 personas duermen en las calles de Lleida, en los márgenes de los campos, en campamentos en condiciones infrahumanas, en alguna mina abandonada o en casetas ruinosas que se extienden entre los frutales. Personas que trabajan de sol a sol y a las que ni siquiera se les facilita un lugar donde dormir, agua potable o acceso a una alimentación digna. Es cierto que la gran mayoría de la población temporera es alojada según el convenio de trabajo y la mayoría de las personas agricultoras cumple con el salario estipulado, un precio ridículo como ridículo es también el precio de la fruta. Pero 2000 personas sin techo es un trance vergonzoso que vulnera los derechos humanos fundamentales y al que hay que plantar cara. No es gratuito que sean inmigrantes, mayoritariamente de origen africano y con una larga trayectoria de explotación en sus espaldas en otros campos como Huelva, Murcia o Valencia.

La Plataforma Fruita amb Justícia Social nace en 2018 como la materialización de la unión de organizaciones y colectivos por los derechos humanos. En 2015, organizaciones leridanas, impulsadas por La Crida per Lleida, iniciaron la campaña Fruta amb Justícia Social para denunciar la falta de recursos públicos, la desatención a las personas temporeras que dormían en las calles, la vulneración de derechos laborales y el racismo patronal e institucional, así como la depredación de recursos naturales —agua y tierra— destinados a un modelo agrario insostenible, que empobrece a las familias agricultoras (pagesia), desmantela el territorio, aumenta la explotación laboral y provoca la pérdida de los mercados locales y de la propia soberanía alimentaria.

A lo largo de cuatro años de trabajo con las personas temporeras, se ha podido recorrer el camino de la explotación, así como conocer organizaciones que en otros contextos trabajan por la defensa de este colectivo: el Sindicato Mantero de Barcelona (muchos de sus miembros han vivido la explotación en los campos de Lleida), Càrnies en Lluita (en defensa de las condiciones laborales de los mataderos de la zona de Osona, en su mayoría inmigrantes), el Sindicato Andaluz de Trabajadores (zona de la que provienen buena parte de quienes llegan a trabajar a la fruta leridana), Tanquem els CIES, que se encuentran en la primera línea de defensa de las personas inmigrantes o la Tancada per Drets de Barcelona, donde el colectivo inmigrante se autoorganiza para la defensa de sus derechos fundamentales. En el ámbito local se han unido esfuerzos con la Coordinadora de ONGD y otros movimientos solidarios, como Assemblea Pagesa, que agrupa a agricultores y agricultoras con modelos alternativos de producción y comercialización, y con otras organizaciones sindicales y de derechos humanos.

LA INSOSTENIBILIDAD DEL MODELO AGRARIO: LA PÉRDIDA DE LA SOBERANÍA ALIMENTARIA

En la década de 1980, los campos de la zona de Lleida, bañados por el río Segre, vivieron una auténtica transformación. La zona de la Plana de Lleida tiene una huerta rica y prolífica, documentada ya en las épocas romana y musulmana, donde se construyeron un sinfín de canales y acequias para facilitar el riego y favorecer mejores cosechas. Esta huerta se mantuvo a lo largo de los siglos como una tierra fértil, el granero que abastecía la ciudad de Lleida y los pueblos de la comarca del Segrià: verduras y múltiples variedades de frutas, acompañadas de una ganadería menor que permitía la soberanía alimentaria de un vasto territorio. 

   En poco más de 20 años, desaparecieron los policultivos y la pequeña ganadería.  

En los años sesenta, se introdujo el cultivo de manzanas de manera intensiva, la fruta abrió un mercado hasta entonces desconocido y los beneficios económicos permitieron a la pequeña agricultura familiar encontrar un filón de ingresos que mejoraba ampliamente los beneficios conseguidos hasta ese momento. Así, en poco más de 20 años, desaparecieron los policultivos y la pequeña ganadería. La huerta dejó de producir verdura, cereales o forraje, como también dejó de producir distintas variedades de frutas locales para adaptarse a las escasas formas y tipologías de manzanas, peras y fruta de hueso que requería el mercado de exportación. La zona del Segrià se mantuvo como una de las más dinámicas en la economía agraria, y a diferencia de otras zonas de Catalunya donde las pequeñas explotaciones agrarias familiares cerraban sus puertas y expulsaban mano de obra hacia las zonas urbanas, aquí el crecimiento económico permitió mantener una población agraria activa y dinámica hasta hoy.

En la década de los ochenta la llanura de Lleida ya disponía de una enorme infraestructura agraria dedicada casi exclusivamente a la exportación. Las fincas habían arrancado las antiguas variedades de frutales y plantaban las recomendadas por los adalides de la tecnología agraria. El Insitut de Recerca i Tecnologia Agroalimentaria del Govern se instalaba en la ciudad de Lleida y con él, el desarrollo de una línea de investigación sobre la mejora e innovación en frutales y técnicas de refrigeración de la fruta, que promovió la aparición de nuevas variedades como las nectarinas o los paraguayos, así como tamaños, colores y olores que favorecían el consumo y el transporte a tierras lejanas. Evidentemente, la innovación tecnológica acompañó el despliegue de grandes empresas comercializadoras que aniquilaron el mercado local y que dejaron sin demasiado margen de maniobra a las cooperativas agrarias de la zona.

Con todas estas novedades, también aumentó la necesidad de mano de obra. Fue el momento en que las mujeres rurales se incorporaron al sector servicios y abandonaron los trabajos temporales del campo y cuando los y las jóvenes estudiantes buscaron otras ocupaciones veraniegas más allá de la dureza de la campaña frutera. Y en ese contexto, llegó la población inmigrante, primero fundamentalmente hombres, con una ley de fronteras y de extranjería que facilitaba su incorporación inmediata a un mundo laboral extremadamente precario y sin ninguna protección, una mano de obra que necesitaba recursos y no exigía derechos. Ellos fueron la fruta dorada de la agroindustria en Lleida y de todas las campañas agrarias del Estado español.

ACAPARAMIENTO DE TIERRAS

La entrada en el nuevo siglo vino acompañada de la especulación en el sector agrario. Empresas de la construcción, de la aeronáutica o de cualquier sector con dinero, empezaron a comprar tierras, crear empresas de trabajo temporal o invertir en la agroexportación. Las familias agricultoras perdieron completamente la capacidad de autogestión de sus tierras y se vieron obligadas a cumplir los dictados del mercado y a aceptar los bajos precios ligados al consumo ruso, árabe, nórdico o chino. Las empresas viveristas encontraron un filón en la producción constante de nuevas variedades y se entró en una vorágine de arrancar y plantar árboles cada pocos años. Un sistema perfecto de consumo de insumos y escasos beneficios.

   Las familias agricultoras, en su gran mayoría, se han visto incapaces de asumir el costo de acceso al agua.  

Paralelamente, el Govern se lanzó a crear la mayor infraestructura hidráulica del siglo, el canal Segarra-Garrigues, que regaría una amplia zona de secano limítrofe a la zona frutera. Las familias agricultoras, en su gran mayoría, se han visto incapaces de asumir el costo de acceso al agua y las grandes empresas fruteras han encontrado dónde ampliar su negocio, creando miles de hectáreas nuevas de frutales que dejan en situación crítica a quienes mantienen la producción de fruta a pequeña escala, incapaces de competir con la gran agroindustria de la especulación.

El eslabón más débil pero imprescindible de todo este engranaje son las personas temporeras. Sin ellas no hay fruta que embalar y exportar. En estos momentos es factible una agricultura sin agricultores, pero no sin mano de obra que recoja una a una la fruta de los miles de hectáreas leridanas. Hombres y mujeres que han sufrido la expulsión de sus tierras por el empobrecimiento económico y múltiples violencias —entre ellas las causadas por grandes empresas de la agroindustria— se arriesgan a cruzar el Mediterráneo en busca de un lugar seguro que permita la sostenibilidad de la vida. En el Estado español encuentran de nuevo vulnerados sus derechos fundamentales. Son una enorme masa de nómadas que sobreviven de campaña en campaña: de la fresa de Huelva a la fruta dulce de Lleida, de la vendimia de La Rioja a la de los cítricos del Levante o a la de los ajos en Castilla-La Mancha. Miles de toneladas de comida que producen hambre y miseria, que empobrecen la capacidad productiva de la tierra y que no alimentan a los mercados locales.

LAS DEMANDAS PARA LA RECUPERACIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y DE LA TIERRA

   La campaña de sensibilización «Silencio, temporeros durmiendo en las calles» se difundió en balcones del centro histórico de Lleida.  

La campaña Fruita amb Justícia Social ha centrado sus esfuerzos en poner en el centro la dignidad de las personas temporeras y la supervivencia de la agricultura. La unión de los diferentes colectivos fomentó una lluvia de propuestas para avanzar en derechos e impulsó una recogida de fondos a través de una plataforma de micromecenazgo. Los 2370 € conseguidos se utilizaron para la campaña de sensibilización «Silencio, temporeros durmiendo en las calles», que se difundió en balcones del centro histórico de Lleida ; también se facilitaron alimentos y material para la pernoctación a las personas temporeras. Y la mayoría de fondo irá destinado a la sensibilización y promoción del sello de Fruta con justicia social.

Se ha trabajado en tres ejes fundamentales: por un lado, en la denuncia de la política de fronteras, la ley de extranjería y el racismo en todos sus agentes (social, patronal e institucional). Por otro lado, en la vulneración de los derechos laborales a personas con dificultades de sindicación, asociación y denuncia. Y, finalmente, en propuestas para un modelo agrario que recupere la soberanía alimentaria.

Una de las propuestas y exigencias que se han trasladado a la Conselleria d’Agricultura y a la de Treball i Afers Socials de la Generalitat de Catalunya ha sido la creación de un sello de calidad que garantice los derechos laborales y sociales de las personas temporeras e inmigrantes. Asimismo, se pide un cambio en la forma contractual que permita su incorporación al Régimen General de la Seguridad Social y acceso a la protección por desempleo, entre otras prestaciones. Al Gobierno español se le pide que facilite documentación a las personas que no tienen regulada su situación administrativa y lo haga por arraigo laboral.

A la patronal agraria se le exige algo tan básico y fundamental como es el cumplimiento del convenio agrario y facilitar un techo a quienes trabajan de sol a sol en sus fincas, así como el cumplimento del pago de horas extras y el respeto del descanso semanal. Las administraciones deben dar apoyo con la creación de albergues en los pueblos, para que las pequeñas fincas no tengan que crear una nueva infraestructura.

Y, por último, aunque pueda percibirse como una quimera, creemos fundamental la promoción de un nuevo modelo de agricultura que favorezca la agroecología y el consumo de proximidad. Solo esto puede facilitar la supervivencia de las fincas agrarias, la dignificación de la vida de las personas temporeras y la sostenibilidad de la tierra.

Gemma Casal Fité

Antropóloga y miembro de la Plataforma Fruita amb Justícia Social