La Mesa Social del Agua de Andalucía
Revista SABC
Desde 2017 existe en Andalucía una interesante experiencia de cooperación intersectorial para las políticas del agua: la Mesa Social del Agua (MSA). En ella se reúnen organizaciones sindicales, agrarias, ecologistas, empresariales, ciudadanas y científicas de Andalucía, que han decidido, con sus miradas particulares, hacer un seguimiento compartido de la política del agua en Andalucía y realizar valoraciones, posicionamientos públicos y propuestas conjuntas.
Integrantes de la Mesa Social del Agua. Foto: Ecologistas en Acción Andalucía
Para conocer mejor la MSA[1] hablamos con dos de las organizaciones que participan en ella y que, por su naturaleza, son visibilizadas a menudo en los medios de comunicación y percibidas en la sociedad como antagonistas y enfrentadas, pero que muestran la voluntad de encontrar y dar estabilidad a este espacio de interacción. Así lo expresa Noelia Márquez, técnica de COAG Andalucía desde hace siete años y que, con sus estudios de Ciencias Ambientales e Ingeniería Agrónoma, es quien representa a esta organización agraria en la MSA. «Quienes formamos parte de la mesa hemos tenido superclaro desde el principio que había que concentrarse en los puntos que nos unen más que en las diferencias», explica.
Diagnosticar el problema
Por su parte, Antonio Amarillo, biólogo y activista de Ecologista en Acción (EeA), destaca el haber sido capaces de consensuar posiciones comunes que eran un punto de partida obligatorio, como el carácter público del agua. «Todas en la mesa tenemos claro que el agua es escasa y que hay que tener en cuenta sus límites y eso significa que hay que ajustar las demandas a los recursos disponibles y determinar qué tipo de agricultura hay que defender: la tradicional y familiar, que es la que genera más empleo y fija la población al territorio, y no ese otro tipo de agricultura más industrializada, que en muchos casos son fondos especuladores». Noelia corrobora que este modelo productivo es el «enemigo común» para la población a la que representan las organizaciones de la MSA. «Hay organizaciones que están abiertamente enfrente de nosotros, no solo porque no formen parte de la MSA, sino porque su discurso es opuesto al que estamos pronunciando: contra los caudales ecológicos, cuestionan el cambio climático, piden ampliaciones de superficie de regadío, etc.».
Pero, además de a la agroindustria, Antonio añade que enfrente también tienen a la propia administración hidráulica andaluza, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), «que está incentivando un modelo productivo de transformación de cultivos herbáceos a cultivos leñosos en regadío, principalmente olivar, pero también en menor medida almendro o pistacho». Así lo denunciaba COAG el año pasado en la rueda de prensa donde explicaba sus alegaciones al Plan Hidrológico del Guadalquivir 2022-2027, señalando la modificación al alza de las dotaciones en estos cultivos: «lo que va en contra de la política de ahorro y de no incremento del regadío que se supone es la “piedra angular” de la planificación hidrológica». «Creo que los agricultores —afirma Noelia— somos más exigentes en velar y cuidar el recurso del agua que los propios organismos reguladores». Por eso, Antonio apunta la importancia de que exista un reparto equitativo de representación en los órganos de participación del agua con presencia de todos los colectivos implicados o afectados, algo que se está exigiendo desde hace mucho tiempo, pero sin éxito.
La polémica gestión de las confederaciones hidrográficas
Las confederaciones hidrográficas son entidades de derecho público adscritas al Ministerio para la Transición Ecológica como organismo autónomo. Sus funciones se establecieron en 1926 y tienen como objetivo las tareas de planificación hidrológica, la gestión de los recursos del dominio público hidráulico de la cuenca donde se encuentren, la concesión de derechos de explotación de los recursos hídricos, la construcción y el planeamiento de infraestructuras hidráulicas y la gestión medioambiental de su zona, con especial atención a la preservación de los recursos y a la calidad del agua.
COAG Andalucía ha denunciado públicamente en varias ocasiones que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) es una administración opaca. A pesar de contar con varios órganos de participación obligatorios, en sus normas de funcionamiento no está definido quién ha de asistir y, por ende, representar a los usuarios y a la población interesada. Por ejemplo, en la Comisión de Sequía, que se crea para tomar decisiones cuando se declara situación de sequía, COAG fue invitada a participar cuando se constituyó en 2018 y, sin embargo, este año no ha sido invitada, pese a que la situación es mucho más grave para la agricultura.
Según COAG, la gestión de la cuenca necesita un cambio de rumbo. Así lo expresaron también en la nota de prensa emitida a finales de mayo que exigía la dimisión del presidente de la CHG por no estar a la altura para gestionar la grave situación de sequía que sufre la región.
Para la MSA, la participación pública es fundamental, «pero no la participación informativa que se ofrece en la actualidad, donde los consejos del agua de las demarcaciones no sirven nada más que para escuchar lo que van a hacer políticos interesados y tecnócratas unidos a multinacionales», como expresan en su ideario.
La complejidad de las propuestas
Lógicamente, las organizaciones que componen la MSA no están siempre de acuerdo en todas las cuestiones. En algunas ocasiones, no ha resultado posible firmar el contenido de algún documento concreto, como es el caso de la crítica a la proposición de ley de ampliación de regadíos de la superficie agraria de la corona forestal de Doñana, que genera conflictividad entre la afiliación de UPA y COAG. Pero, Noelia y Antonio coinciden en que mayoritariamente se trata en realidad de falta de tiempo para analizar y abordar cada uno de esos puntos con más profundidad.
En cualquier caso, son muchas más las ocasiones en que sí se llega a propuestas conjuntas, algunas de ellas clave en estos momentos de sequía. «A las organizaciones agrarias nos viene muy bien pertenecer a la MSA porque es un espacio en el que otro tipo de organizaciones ciudadanas se esfuerzan en entender cómo funciona el sector agrario y en apoyar posturas sobre temáticas por las que de otra forma no se sentirían interpeladas, no se mojarían, por así decirlo. Es un espacio en el que se ve la importancia común del sector».
Un ejemplo de posición de disenso, quizá natural, es la fuerza con la que se afirman ciertas posiciones. «En EeA, apostamos claramente por reducir las superficies de regadío», cuenta Antonio. «En la cuenca del Guadalquivir, que ha pasado de regar 600.000 hectáreas en 1997 a las actuales 890.000, hay que plantear otro escenario teniendo en cuenta la situación climática y de disponibilidad de recursos. Hace falta una transición hídrica, de la que hablamos a menudo en la MSA, pero aún no hemos entrado a detallar las reducciones que hay que hacer». Porque, como dice Noelia, hay muchos matices y apunta que en su organización son conscientes de que habrá que pasar por la reducción de regadíos, pero hay que trabajarlo considerando la complejidad que supone. «En COAG no hemos hablado de reducir regadíos abiertamente, excepto en una área muy puntual, la zona arrocera de Sevilla, no solo por la gran cantidad de agua que consume, sino porque se han continuado ampliando hectáreas en suelos que no son aptos para este cultivo, están salinizados y apenas obtienen rendimientos. Es muy fácil quedarse con titulares, y a menudo hacen daño y no promueven el entendimiento. Como vemos en la MSA, el agua es un tema amplio y complejo y todas las organizaciones tienen que ceder en sus posiciones, bajar al detalle. Cuando se aborde la reducción de regadíos, casi seguro que la agricultura más vulnerable es la que saldrá perdiendo y si se diera esta situación nos opondríamos a las reducciones en el Guadalquivir o en cualquier otra cuenca. En COAG vamos a defender un tipo de explotación muy concreto».
Populismo hidrológico
Antonio está de acuerdo en analizar los matices para cada cuenca, porque «los brochazos gordos que estamos escuchando en boca de muchos dirigentes políticos son discursos peligrosos e interesados que no profundizan y solo buscan adeptos cuando lo que tenemos que hacer es mucha pedagogía». Para Noelia se dan dos situaciones: «Por un lado, como dice Antonio, los discursos de extrema derecha, con respuestas fáciles que engañan o confunden a la gente; pero también, en algunos casos, existen posturas en el lado ecologista o conservacionista que hablan desde un cierto elitismo y con superioridad científica, sin entender ni atender a la realidad social y las necesidades de quienes viven en el medio rural. Esas actitudes acaban provocando rechazo». Por eso, ella insiste en abordar los pormenores de cada finca y teme a las políticas generalistas europeas, que «se acabarán llevando a gente por delante». Antonio comparte esta preocupación y sintetiza la posición de la MSA: «No se puede confrontar ciencia y realidad social, hay que entablar un diálogo localizado para ir trabajando, aunque cueste, en acuerdos de mínimos, y en eso estamos en la MSA».
Así, progresivamente, el trabajo en estos seis años de recorrido de la MSA está convirtiéndose en un referente para la opinión pública y para las administraciones, logrando que algunos de sus postulados se hayan incorporado a textos oficiales, como el derecho humano al agua que aparece en la Ley 8/2018, de 8 de octubre de medidas frente al cambio climático y para la transición hacia un nuevo modelo energético en Andalucía.
En una comunidad en la que la agricultura de regadío está tan desarrollada y las polémicas políticas sobre el agua en Doñana dan la impresión de que se está llegando a un punto de no retorno, esta iniciativa de confluencia, escucha y diálogo constituye un proceso de aprendizaje que se debe tener en cuenta. Buscar cómo construir posiciones comunes que permitan mostrar a la mayoría social la necesidad de mejorar la gestión del agua en beneficio de los ecosistemas hídricos, de los intereses ciudadanos y de la agricultura familiar y profesional, son retos que asume la MSA y que sería interesante que encontrara réplicas y adaptación en otros territorios.
Extracto de la posición de la Mesa Social del Agua de Andalucía ante la sequía
- La primera víctima de la situación que atravesamos son los ecosistemas acuáticos, profundamente deteriorados en cantidad y calidad en la mayor parte del territorio andaluz. Por esto defendemos el respeto a los caudales ecológicos como una condición imprescindible para el mantenimiento de la vida de los ecosistemas. Y, junto a ellos, la defensa de los usos humanos más dependientes del buen estado de estos ecosistemas: los abastecimientos de localidades medias y pequeñas, y la ganadería extensiva y semiextensiva, así como los regadíos dependientes de los recursos locales.
- Apoyamos el reparto social de los recursos disponibles y denunciamos la intensificación especulativa e ilegal de cultivos que se produce de manera generalizada en el territorio, incluso incentivada —como el caso del Guadalquivir— por la propia Confederación. El agua para la agricultura debe redistribuirse con criterios sociales, se debe priorizar el apoyo a las pequeñas y medianas explotaciones profesionales frente a modelos de producción especulativa basada en cultivos que son grandes consumidores de agua y otros recursos.
- En una situación tan grave no se puede mercadear con un bien público como es el agua. En concreto, es urgente incluir en los diferentes decretos de sequía que se están promulgando la creación de los centros de intercambio de derechos de agua y establecer para su funcionamiento criterios transparentes de distribución de los recursos que contemplen un reparto social del agua destinada a regadío y garanticen la supervivencia de las explotaciones familiares y el empleo que estas generan, respetando en cualquier caso el régimen de caudales ecológicos.
- Es necesario dotar de ayudas urgentes a las numerosas explotaciones ganaderas extensivas que podrán verse abocadas al cierre de forma inminente.
- Con esa misma orientación, son urgentes e imprescindibles los apoyos financieros y fiscales habituales en estos casos, pero ajustados a las diferentes situaciones socioeconómicas, de manera que garanticen las rentas básicas del tejido productivo agrario que consolida población y vida en el territorio.
- Tampoco se puede perder de vista la situación, inaceptable en casos bien documentados, del campesinado, el eslabón más débil y vulnerable de la cadena de valor. Es necesario reforzar la protección social de estos trabajadores y trabajadoras agrarios afectados por la sequía articulando medidas concretas desde las administraciones central y autonómica.
Sevilla, 27 de abril de 2023
Revista SABC
[1] En la MSA participan CC. OO., COAG, UPA, AEOPAS (Asociación de Operadores Públicos de Agua), FACUA, WWF, Greenpeace, SEO/BirdLife, Ecologistas en Acción, Fundación SAVIA y la Red Andaluza de la Nueva Cultura del Agua.